* La impartidora de justicia también generó controversia al ordenar eliminar del DOF el decreto de la reforma judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por tres meses, sin goce de sueldo, a la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz. La decisión fue tomada tras un procedimiento disciplinario en el que se le señalaron diversas irregularidades, como nepotismo, acoso laboral y desempeño deficiente.
La jueza había generado controversia recientemente al ordenar la eliminación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del decreto que avala la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta resolución fue criticada públicamente, y la sanción fue aprobada por mayoría en el CJF, con un voto particular que pedía su destitución e inhabilitación por un año del servicio público.
Juárez Salas no es ajena a las sanciones. En 2021, cuando se desempeñaba en el Juzgado Segundo de Distrito en materia Mercantil Especializado, en Quintana Roo, fue suspendida tras denuncias de 12 servidores públicos. Aunque la medida fue revocada en 2023, las acusaciones en su contra persistieron, incluidas quejas por hostigamiento laboral y favoritismo hacia personal contratado directamente por ella.
El expediente disciplinario de la impartidora de justicia se remonta a 2016, cuando fue amonestada verbalmente por irregularidades en la expedición de licencias médicas y actividades ajenas a su función jurisdiccional, violando los códigos éticos del Poder Judicial. Estas conductas, según los registros, incluyeron descuidos en sus responsabilidades y supuestos intereses comerciales externos.
La suspensión actual también responde a acusaciones de trato inadecuado hacia trabajadores y violaciones al derecho a la inamovilidad laboral de algunos de sus subordinados. Según fuentes del CJF, estos patrones de comportamiento han dañado la credibilidad de su gestión y la confianza en el sistema judicial.
La sanción contra Juárez Salas refleja las tensiones entre el Poder Judicial y la administración federal, en medio del proceso de reforma judicial. El CJF argumentó que la medida busca garantizar la integridad del sistema y asegurar que los jueces actúen en apego a los principios éticos y legales que rigen su labor.
