Angel Mario Ksheratto
Indiferencia; es la primera impresión que dejan las autoridades frente a la ola de crímenes en Chiapas. Es tal la inapetencia de cumplir con la obligación constitucional, que la omisión misma, parece ser parte de un esquema de gobierno, asentado en un sistema podrido y sostenido por personajes totalmente ajenos a una realidad lacerante y ofensiva.
El primer síntoma de esa lamentable indiferencia, es la negación del terrible estado de las cosas. “Son casos aislados”, han dicho con desfachatez, aun cuando la cifra de jóvenes secuestrados y asesinados, crece desmesuradamente. Justificación arrebatada y estúpida, ha sido la de pretender echar la culpa a las víctimas, de las consecuencias de la violencia.
Otra señal que delata la indiferencia de las autoridades en el tema de seguridad, es la grosera compra de “galardones” y “premios” (incluso “internacionales”), mediante los cuales, pretenden propagandizar (perdón por el neologismo) un status quo inexistente.
En la perspectiva —tanto del gobierno estatal como el de varios municipios donde la violencia se ha disparado—, la inseguridad y el inusitado brote de terror, es “normal” y basan esa burda explicación en el crecimiento de la mancha urbana, en el caso de las ciudades y, en cuanto a los hechos de sangre en los municipios, a “añejas disputas por tierras”.
Ambas dilucidaciones gubernamentales, tienen, ciertamente, alguna dosis de verdad, pero chocan con la obligación institucional de procurar garantías plenas para todos los ciudadanos. Los orígenes de la crisis de seguridad, también están en el creciente desempleo, en la falta de oportunidades, en la cada vez más amplia brecha entre ricos y pobres; en la corrupción y la impunidad.
Ninguno de esos factores ha sido atendido por el gobierno doméstico, por mucho que los difusores, oficiales y oficiosos, elogien las fallidas políticas de seguridad y traten de pintar un panorama diametralmente opuesto a lo que padecen miles de chiapanecos.
Preocupante resulta que ante la imparable espiral de violencia, los obligados a someter a los criminales, ocupen tiempo y energías en temas intrascendentes que les beneficia solamente a ellos, en tanto que la población, debe resguardarse, como si viviese en Siria y no en una de las otrora pacíficas ciudades de Chiapas.
A la preocupación se une la impotencia y la indignación, puesto que, autoridades como el alcalde capitalino, los fiscales, jueces y jefes policíacos, lejos de trabajar para frenar la virulenta carrera de los criminales, están ocupados buscando candidaturas a través de las cuales, obtengan fuero para no ser llevados a los Tribunales y respondan por los cargos de corrupción de los que se les acusa.
La lista de jóvenes (hombres y mujeres) secuestrados y asesinados en las últimas semanas, ya es interminable. Gloria Castellanos y Adán Enrique Gómez, sobresalen en ese triste inventario de terror; obviamente, muchas más víctimas, muchos chiapanecos inocentes que han pagado con sus vidas, la negligencia, la inoperatividad, la incapacidad, la indiferencia, la omisión de un gobierno que no atiende, ni escucha a los ciudadanos.
“No todo es culpa del gobierno”, ha sido otra de las puertas falsas que han ofrecido los defensores del régimen; puede ser que no sea su culpa, pero sí es responsable directo, desde el momento en que otorga impunidad a los delincuentes y se hace omiso para imponer el Estado de Derecho. A más, el argumento de no culpabilidad oficial, se derrumba solo…
Y nos obliga, a los ciudadanos, a constreñirnos a determinadas áreas de seguridad, lo que equivale a restringir libertades fundamentales como el libre tránsito, la expresión de las ideas, la intimidad y la seguridad pública a que tenemos derecho.
La petición de un accionar responsable y determinado a las autoridades y la exigencia de justicia, son elementos muertos frente a un gobierno insensible, cínico e hipócrita. No existe pretexto alguno, para ocultar la realidad y socavar la legítima confianza de los ciudadanos. Nadie, absolutamente nadie, debe estar por encima de la ley.
Quienes han sometido a los chiapanecos a un régimen de terror —avalado por funcionarios omisos e ineficientes—, deben pagar las consecuencias de sus actos; pero que sean los verdaderos culpables y no chivos expiatorios, escogidos para dar apariencia de resultados. De otra forma, estaremos a merced de la delincuencia, esperando solamente, que nos exterminen. ¿Podrá la actual administración garantizar paz y seguridad a los chiapanecos? Francamente, esperamos resultados contundentes, positivos. Es, quizá, otra esperanza fallida. Ojalá y esté equivocado.
