* El IEPC ha documentado más de 30 casos desde 2023, aunque se estima que la cifra real es considerablemente mayor debido a la invisibilidad de los casos y la falta de denuncias.
Redacción / Alfaro Noticias
Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de violencia política en razón de género, según el Instituto Nacional Electoral (INE). El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha documentado más de 30 casos en el estado desde la implementación del Padrón Nacional de Violentadores en 2023. Sin embargo, se estima que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la falta de denuncias y la invisibilidad de los casos.
La presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Magdalena Vila Domínguez, destacó que el IEPC actualmente mantiene más de 100 expedientes abiertos relacionados con violencia política de género, que incluyen desde agresiones físicas hasta actos de intimidación y manipulación durante procesos electorales. La violencia sigue afectando la participación política de las mujeres, especialmente en municipios rurales e indígenas, donde las denuncias y el acceso a la justicia son limitados.
Las autoridades señalaron que uno de los mayores obstáculos es el alto costo de los litigios electorales, lo que dificulta que muchas mujeres, particularmente las indígenas, puedan defender sus derechos ante la violencia política. Además, los partidos políticos no siempre cumplen con las normativas de paridad de género, lo que contribuye a la subrepresentación femenina en cargos públicos. En los últimos años, el número de mujeres en puestos de alcaldía ha disminuido, pasando de 34 en 2018 a solo 22 en 2024.
De los 123 municipios de Chiapas, solo 20 han mostrado interés en recibir formación sobre violencia política de género. Además, señalaron que las denuncias de represalias por parte de los partidos políticos hacia las mujeres que denuncian esta violencia son frecuentes. La situación es especialmente grave para las mujeres indígenas. En municipios como Amatenango del Valle y Huixtán, regidoras y alcaldesas han sido víctimas de violencia política de género, incluyendo agresiones físicas y psicológicas. Algunas han enfrentado desplazamientos forzados y usurpación de cargos públicos. Los casos de agresión y acoso continúan sin una respuesta institucional adecuada.
A pesar de los esfuerzos por incrementar la representación femenina, en 2024 solo 22 de las 123 alcaldías del estado son ocupadas por mujeres. De las 581 mujeres que ganaron cargos municipales en las elecciones de 2024, la representación femenina en los puestos de alcaldía sigue siendo muy baja.
Un caso reciente de violencia política de género es el de Bany Oved Guzmán Ramos, ex alcalde de Tuzantán, quien fue sancionado por este tipo de violencia, según denuncias de organizaciones sociales y políticas. A pesar de la sanción, Guzmán Ramos sigue buscando un lugar en la política local, intentando dirigir un partido local.
Entre las regidoras que han denunciado violencia política en el estado se encuentran María Isabel Gómez Ramos de Venustiano Carranza y Teresa Rodríguez García de Simojovel. Estas mujeres destacaron que han sido blanco de diversas formas de violencia y que las autoridades deben tomar medidas más efectivas para abordar este fenómeno.
