Luis Molina
Una nueva ruralidad en donde todos suman y multiplican en favor del desarrollo rural.
En América Latina y el Caribe, el espacio rural ha experimentado diversas transformaciones y mutaciones en el transcurso de las últimas décadas. En materia económica, se advierte que es generalizada la menor participación del valor agregado y el empleo agropecuario en la actividad económica rural, por efecto de la creciente presencia de los servicios, como el agroturismo, y las actividades de transformación (Ramón Padilla Pérez, et al).
En esta región, la población rural ocupada en el sector agropecuario en 2000 era un 66,0% de la población rural ocupada total, mientras que en 2019 era un 54,6%. En América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones, en ocasiones lo rural suele confundirse con una forma de vida atrasada, arcaica, no evolucionada y obsoleta.
Es común que se perciba a los habitantes rurales como factores residuales o remanentes de una economía global competitiva, de alta tecnología, en la que los pequeños productores rurales ya no tienen cabida, y son calificados como ineficientes y no competitivos (Echeverri Perico, et al).
El Reporte Social Mundial de 2021, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés), formula un llamado urgente a repensar las estrategias de desarrollo rural; pues se reconoce que las estrategias actuales no están llevando al cumplimiento en los espacios rurales de las metas socioeconómicas y ambientales de los ODS.
Cuatro de cada cinco personas en el mundo que viven en condiciones de pobreza extrema habitan en zonas rurales; mismas que están siendo afectadas por el agotamiento y la degradación profunda de los recursos naturales, lo que daña severamente a sus habitantes y contribuye al cambio climático.
Lamentablemente con frecuencia se sigue apostado por la urbanización, entendida erróneamente como un sinónimo de progreso y desarrollo económico, o por la integración a fenómenos globales, como cadenas globales de valor de la manufactura. Bajo estas percepciones anacrónicas, es poco atractivo para las estrategias de desarrollo nacional la inclusión de lo rural, respetando su vocación productiva y esencia.
Un entendimiento renovado de la ruralidad es sin duda un punto de partida necesario para redefinir las estrategias de desarrollo rural.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) proponen una nueva aproximación al concepto de ruralidad en México y América Latina con el objetivo de focalizar la acción pública para reducir las desigualdades y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta propuesta plantea que es necesario superar la visión tradicional que contrapone las zonas rurales y las urbanas, reconociendo la existencia de distintos grados de ruralidad en los territorios y de una mayor interacción entre ellos.
Expertos como Polastri, señala que “El proyecto busca reemplazar la narrativa dominante -reduccionista y marginadora- de las áreas rurales como estáticas y atrasadas, por otra que reconozca los desafíos y oportunidades de la nueva ruralidad”; que no divida lo urbano de lo rural; sino que se reconozca la interdependencia que existe entre ambos territorios y la existencia de espacios intermediarios con potencial.
De acuerdo a la propuesta de FIDA y la CEPAL” Nuevas Narrativas para una transformación rural en América Latina y el Caribe” considera que el espacio rural ha vivido transformaciones en materia demográfica, migratoria, social y económica; y es necesario un mayor análisis para comprender la nueva ruralidad y estudiar brechas estructurales persistentes a fin de reducir la pobreza rural y la desigualdad.
Se resalta que lo rural no es espacio rezagado, que existe heterogeneidad, interacciones y flujos; así como espacios dinámicos y evolutivos.
Que las zonas rurales no es sinónimo de agrícola; sino que está presente una diversidad productiva; un espacio de servicios y de creación de empleos rurales no agrícolas, que busca la industrialización y terciarización de las áreas rurales, la diversificación del empleo rural y la movilidad laboral.
Que es necesario ver a lo rural como oportunidad; que puede ser motor de crecimiento sostenible e incluyente, donde pueden darse nuevas inversiones rurales, encadenamientos productivos.
Que es un espacio que cumple una función social en el que existe una cosmovisión, que tiene diversificación y comprensión funcional del espacio más allá de su función económica, como las sociales, medio ambientales, culturales y espacios intermedios.
Lo rural es cultura, es tejido social, es oportunidad y su aprovechamiento debe ser integral y gradual según las particularidades presentes en cada territorio; pues su función ya no está centrada solo en las actividades primarias; sino multifuncionales y multiculturales, que obligan a una reflexión para un abordaje distinto desde el diseño de Agendas Territoriales con políticas públicas diferenciadas.
Tomando en cuenta todo lo anterior; es necesario poner el territorio en el centro, y a partir de ahí, abordar los desafíos y las soluciones desde una mirada esencialmente territorial, incluyendo a la población que vive, trabaja, vacaciona, se nutre y obtiene sus ingresos en el territorio.
Para México es urgente la aplicación de este enfoque y de manera muy en especial en la entidad; en donde se requiere identificar la singularidad de cada territorio (pues en Chiapas son muchos Chiapas), que permita identificar no solo las necesidades y características de la población-territorio, sino también el potencial y las oportunidades que ofrece cada región.
En Chiapas existen más de 20 mil localidades y 2 millones 800 mil personas (50% de la población total) consideradas rurales; en donde si bien en muchos de los territorios existe pobreza y desigualdad, también cuentan con gran riqueza natural, cultural y humana para hacer de cada territorio espacios más inclusivos, eficientes y sostenibles.
Si bien resulta necesario invertir en la provisión de bienes públicos, como la electrificación, infraestructura productiva, educativa y de salud; en la red de carreteras y transporte, en drenaje y saneamiento, vivienda y servicios, entre otros bienes públicos; se necesita ordenamiento y renovación del territorio y un cambio de visón y operación de la administración pública en todos los niveles, que elimine las inercias, la fragmentación y desarticulación de las intervenciones que hacen que solo algunos territorios y grupos prosperen.
La tarea compleja y de largo plazo; hay que descentralizar el esfuerzo institucional; y pasar de la concentración exclusiva en los grandes y medianos centros; a uno que vincule al territorio en su totalidad; una intervención coordinada-integral para apoyar agendas regionales con metas de desarrollo territorial que eficienticen el ejercicio del gasto, eviten la dispersión de recursos y contribuya a reducir brechas y mejorar las condiciones de desarrollo y la calidad de vida de la población.
