LA PROPUESTA DEL CONGRESO DE CHIAPAS…
Está claro que ante la toma de decisiones de la sociedad civil, “el poder que dimana del pueblo” consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha hecho realidad a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año, primero, porque, la población rebasó a la autoridad federal y de los estados en la atención inmediata de los afectados por los acontecimientos naturales y, segundo, al exigir que los partidos renunciaran a sus prerrogativas económicas destinadas a sus campañas políticas.
Desde ese momento, las cosas cambiaron en este país en que apátridas y sátrapas autoridades no pudieron detener la embestida social que va por el poder y sus derechos. Es así como el PRI, resuelve –no por una benévola decisión—sino por la presión social, aportar el cien por ciento de sus prerrogativas del 2017 que suman 258 millones de pesos.
Puede que sea una marrullería a la que están acostumbrados los políticos del tricolor, pues si se tratara de sus prerrogativas para la campaña del proceso electoral 2017-2018, el desprendimiento financiero tendría que ser de Un Mil 689 Millones de Pesos que es lo que el INE le autorizó después de las maniobras matemáticas que indica la Ley electoral. Pero en descargo y en su defensa, más valen 258 Millones de pesos, que nada.
En esa dinámica de disminuir o eliminar las prerrogativas de los partidos políticos, el PAN, PRD, PVEM, Encuentro Social, PANAL, Movimiento Ciudadano y PT, se enredan en sus explicaciones y no dan una respuesta inmediata y clara, como lo amerita el caso de los damnificados por los sismos y la reconstrucción de México. Quizá MORENA y el dueño de la franquicia, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fueron los primeros que dieron una declaración sobre aportación de un 20 por ciento de sus prerrogativas destinadas a la campaña electoral.
Llama la atención y sorprende la propuesta del PRI con respecto a su iniciativa de eliminar los financiamientos públicos a los partidos políticos de manera permanente a partir del 2018, y también la derogación del decreto por el cual fueron creados los diputados (federal y local) y los senadores de la república, plurinominales. Falta ver la reacción de los dirigentes de los demás partidos y por consiguiente la respuesta de la opinión pública.
Sin conceder plenamente por la forma en que se comportan los políticos priístas, hay que concederles el beneficio de la duda porque, la propuesta en sí, ya es un gran paso en el aniquilamiento de los partidos empresa-franquicias familiares o de grupos, que solo han servido para enriquecer a unos cuantos.
LA INICIATIVA DEL CONGRESO DE CHIAPAS…
En el escenario electoral y la discusión de las jugosas prerrogativas económicas a partidos políticos, hay que darles ahora la razón a los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas por adelantarse a los acontecimientos con una propuesta al Instituto Electoral y Participación Ciudadana para reducir en casi 50 por ciento el financiamiento público.
El 13 de febrero de este año 2017, el diputado verde-ecologista, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, en conferencia de prensa detalló la forma y la herramienta para que el IEPC bajara en más del 50% las prerrogativas de los partidos con registro estatal; de 157 millones de pesos autorizados, a solo 72 millones, “haciendo un ahorro amplio y poder hacer que el dinero vaya a la educación y vaya a donde se está necesitando que es en muchas partes de nuestro estado”, precisó entonces.
Habría señalado en esa ocasión el presidente de la Junta de Coordinación Política, “que hay mucha resistencia de los partidos políticos, pues a nadie le gusta que le toquen los bolsillos”. La estrategia o “herramienta” como la calificó PENAGOS VARGAS, era cambiar la fórmula de estimación del financiamiento que el Código Electoral local establece y a partir de las cuales se fijan los montos que se asignan a los partidos políticos.
Estas bases determinan: “el monto será fijado, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón local, a la fecha del corte de julio de cada año, por el 65% de la unidad de medida (salario) que indican a nivel federal y la actualización”. Para eso se propone, dijo el legislador en aquella conferencia de hace siete meses: “que el padrón electoral local sea multiplicado ya no por el 65 % sino por el 30 % de la unidad de medida y la actualización actual”.
LAS PRERROGATIVAS EN CHIAPAS…
El total del financiamiento autorizado de prerrogativas a repartirse los partidos políticos en el Estado, es de 157 millones, 491 mil pesos con 52 centavos. Un mundo de dinero para un estado con 76 por ciento de pobres (2 millones 316 mil 751 en pobreza moderada y 1 millón, 669 mil 730 en pobreza extrema) que suma una población de 3 millones 985 mil chiapanecos en pobreza, de un total de 5 millones, 217 mil 908 personas. Para ellos se destinan 21 mil millones de pesos anuales en programas sociales, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social.
Por eso era pertinente que los Consejeros Electorales del IEPC-Chiapas, encabezados por su presidente, OSWALDO CHACÓN ROJAS, atendieran a tiempo esa propuesta de la LXVI Legislatura, que en contrario, fue denegada y puesta en controversia junto con otros dirigentes de partidos como CÉSAR ESPINOSA MORALES del PRD, OSCAR GURRÍA de MORENA Y JANNETE OVANDO, del PAN, quienes incluso interpusieron amparos a esa disposición.
Y fue cierto que Hacienda del Estado a cargo de HUMBERTO PEDRERO MORENO, atendió la llamada del Congreso del Estado para disminuir los montos de prerrogativas económicas de los partidos políticos y en consecuencia interpusieron el recurso de revisión constitucional que hasta la fecha no ha sido resuelta. Pero se tiene que saber –algún día—que “la orden vino de arriba”, del gobernador MANUEL VELASCO COELLO, porque, como siempre, “aquí no se mueve una hoja, sino no es con el soplo del GÜERO”.
Queda para la historia que la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas se adelantó a los acontecimientos y que siete meses antes de los sismos de este 7 y 19 de septiembre ya se había hecho la propuesta de reducir los montos de financiamiento público de los partidos políticos, que ahora es un tema de discusión que empuja y presiona la sociedad civil…
COMENTARIOS AL MARGEN…
>> El senador por Chiapas, ROBERTO ALBORES GLEASON, señaló la urgencia por lograr que todos los partidos políticos renuncien de inmediato a su presupuesto 2017 y 2018, y se eliminen los senadores y diputados plurinominales, a nivel federal y local, para acumular una bolsa de casi 20 mil millones de pesos y se atienda la demanda de la sociedad y los damnificados ante la devastación, a la vez que los exhortó al ejercicio de presupuestos austeros… Demandó que parte importante de los 258 millones, 617 mil 031 pesos a los que renunció el Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral, deben ser para los 250 mil chiapanecas y chiapanecos afectados… Puntualizó que el resto de los partidos deben de ser congruentes con la emergencia y con la demanda de la sociedad, y renunciar también al resto de su financiamiento público de 2017 para alcanzar los casi 1 mil millones de pesos para los damnificados, así como llevar a cabo gestiones austeras que generen ahorros para apoyar a las familias chiapanecas y del resto del país que perdieron su patrimonio a causa de los terremotos.
EN LA OPINIÓN DEL LECTOR:
Agradezco al doctor JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, la atención que presta a mis comentarios y la molestia que se tome para verter su opinión sobre los mismos, como el que a continuación me reenvía:
>> “Amigo mío, me disgusta en forma superlativa la evidente corrupción en la política que debe ser de servicio, oportunidad de crear mejores condiciones de vida, oportunidad de trascendencia en fin… robar un peso de la administración debe ser considerado un delito grave y robar un peso en salud debe ser considerado además, un crimen.
Saludos respetuosos.
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A.C.
