
Manuel Ruiseñor Liévano
A pesar de que casi siempre y a conveniencia de los gobiernos en turno, el discurso político repite y repite que el campo le ha dado todo a Mexico, y que hay una deuda histórica con los productores y las organizaciones campesinas, la cual debe saldarse, la situación no parece cambiar desde aquellos dorados años setenta del siglo pasado, cuando se dijo que “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”, como plataforma de un Mexico más justo y más próspero.
EL PROGRAMA FEDERAL
Una muestra palpable es el anuncio dado a conocer en septiembre del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, del programa llamado, curiosamente, “Sin maíz no hay país”, el eje central de su política de soberanía alimentaria y protección de la biodiversidad. Una programa cuyos puntos clave son:
Uno. La Prohibición del Maíz Transgénico: mediante las reformas constitucionales (artículos 4º y 27º), para impedir la siembra de maíz genéticamente modificado para consumo humano en todo el país, garantizando la protección de las variedades nativas y la salud pública.
Dos. Fomento a la producción nacional, mejora de los ingresos de pequeños productores mediante precios de garantía y fortalecimiento a la comercialización de tortillas elaboradas con maíz criollo.
Tres. Soberanía Alimentaria y Autosuficiencia, insistiendo en que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, esencial para la elaboración de tortillas, se busca fortalecer la producción local frente a la dependencia externa.
Cuatro. Conservación agroecológica de semillas y el incremento de la productividad, especialmente en el sureste mexicano (atento Chiapas).
Aunque la postura oficial es la defensa del maíz nativo, se ha reportado que la prohibición no aplica de la misma manera para el maíz amarillo utilizado en forraje y usos industriales, y persisten debates sobre el T-MEC y las importaciones.
Sin embargo, para quienes conocen a profundidad el agro mexicano la realidad es otra, porque hoy están viendo con alarma y, peor aún, con desesperanza, los signos de un deterioro social que pone en jaque tanto la seguridad alimentaria como la soberanía nacional.
EL ESCENARIO
Resulta que ahora y luego de más de tres décadas de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, con el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en México las importaciones de maíz estadunidense se han multiplicado por 90 (9 mil por ciento), de acuerdo con datos oficiales.
Lo cual quiere decir que ahora las compras desde el exterior superan la producción nacional, al punto de que —léase bien—uno de cada dos kilogramos de maíz que se consumen en el territorio nacional es de origen estadunidense. Nada más pero nada menos.
Y es que, datos en mano provenientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en 1993 –año previo a la entrada en vigor del antiguo tratado– México compró a estadunidenses apenas 286 mil 874 toneladas de maíz, mientras en 2025 se ubicaron en 26 millones 112 mil 845 toneladas.
Hablamos de que casi la totalidad de ese grano es transgénico y amarillo; es decir, el que se utiliza en la industria y como alimento para ganado, no en la cadena de la masa y la tortilla.
En aquel lejano 1993, el negocio de la venta de maíz a México representaba para Estados Unidos apenas 35 millones de dólares y hoy supera 5 mil 900 millones de dólares.
Cabe recordar que el TLCAN, hoy T-MEC, entró en vigor el 1º de enero de 1994 y, como parte del mismo, en el capítulo VII se promovió la liberalización total de comercio del sector agropecuario y forestal de la región.
En pleno tiempo de los llamados gobiernos “neoliberales” y con la contrarreforma al artículo 27 constitucional del entonces presidente Salinas de Gortari, se impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras de los pueblos originarios, así como de toda posesión colectiva campesina.
Las críticas en su momento señalaron que el tratado comercial generaba impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo intereses de trasnacionales. Lo cual, indicaban los expertos, fomentó las compras de maíz al extranjero, pese a ser un producto básico en la alimentación nacional.
En ese contexto y como ha sucedido en ocasiones anteriores, fue que esta semana por terminar diversas organizaciones de productores agrícolas iniciaron, en plena Semana Santa, un paro nacional indefinido con bloqueos en carreteras estratégicas del país, protestando por la crisis en el campo, bajos precios del maíz, inseguridad en las carreteras (robos y extorsión) y la falta de cumplimiento del gobierno federal a los acuerdos firmados en noviembre de 2025. Tema que abordaremos en ulterior ocasión.
EL TAMAÑO DE LA DEPENDENCIA CON LOS EE.UU.
Para documentar nuestro “optimismo” —Carlos Monsiváis dixit—, pasa que en los dos primeros meses de 2026, Estados Unidos exportó a México 3 millones 952 mil 249 toneladas de maíz, la mayor parte amarillo y transgénico. Una cantidad sin precedente para un periodo similar, inscrita en la escena de un gobierno estadunidense que, previo a la ronda negociadora del T-MEC, intensifica presión al señalar que en México persisten barreras no arancelarias a las importaciones de grano proveniente de ese país.
Es menester referir que acorde a datos del USDA, la cantidad de maíz que México compró a esa nación en los dos primeros meses de 2026, representó un aumento de 11 por ciento, en relación con las 3 millones 549 mil toneladas del mismo periodo de 2025.
A diferencia de que sólo en los dos primeros meses del año, significó para empresas estadunidenses un negocio de 895 millones 815 mil dólares, 9 por ciento más que los 822 millones 117 mil dólares registrados un año atrás.
Queda claro que México es, hoy por hoy, el principal cliente de Estados Unidos en lo que a maíz se refiere. Lejos quedaron naciones como Japón, la cual entre enero y febrero compró 2 millones 460 mil 108, y Corea del Sur, con un millón 198 mil 203 toneladas.
Nuevamente y de acuerdo con cifras del USDA, la venta de maíz de Estados Unidos a México representa un negocio redondo que supera los 5 mil millones de dólares, controlado por corporaciones trasnacionales como Archer Daniels Midland, Bayer, Bunge, Cargill, DeBruce y Bartlett Grain, entre otras.
¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, ha expresado que “esas empresas dominan el mercado del país debido a que intervienen en el financiamiento, se han apoderado de la infraestructura, tienen información de primera mano sobre oferta y demanda globales, participan en la compra de físicos y futuros, son importadores y también exportadores, además de que adquieren volúmenes importantes de la cosecha nacional e inciden en la fijación de los precios internacionales a partir de movimientos reales y especulativos”.
Por otra parte y de manera paradójica, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sostiene que pese al negocio multimillonario que representa la exportación de maíz de Estados Unidos a México, en nuestro país existe una serie de barreras no arancelarias que impiden el libre acceso de maíz genéticamente modificado a territorio mexicano.
Se cuestiona que el decreto emitido por México en febrero de 2023, mediante el cual se prohibió el uso de maíz genéticamente modificado en la elaboración de tortillas y masa, además de establecer la sustitución gradual de este grano en otros productos destinados al consumo humano y alimentación animal, a juicio de Washington restringe el acceso efectivo de sus exportaciones, en la medida en que la mayor parte del maíz que vende al exterior, incluido el destinado a México, es de tipo transgénico.
Lo patético del caso es que a raíz de esta política, en agosto de 2023 Estados Unidos solicitó la instalación de un panel de solución de controversias bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que las medidas mexicanas no estaban sustentadas en evidencia científica y contravenían los compromisos de acceso a mercado.
A todo esto, el panel dio la razón a Estados Unidos en diciembre de 2024, después de lo cual, en febrero de 2025, el gobierno mexicano dejó sin efecto las disposiciones impugnadas.
¿Y CHIAPAS, QUÉ PAPEL JUEGA EN ESTA CRISIS?
Se afirma que Chiapas juega un papel fundamental en la producción nacional de maíz en México, no tanto por ser el mayor productor en volumen —lugar que ocupan estados como Sinaloa o Jalisco—, sino por su enorme superficie sembrada, su diversidad genética de maíces nativos y su importancia cultural y de autoconsumo.
No obstante su alta superficie cosechada, nuestro estado enfrenta históricamente bajos rendimientos por hectárea (estimados en aproximadamente 1.9 a 2 toneladas), en comparación con la media nacional (superior a 2.4 toneladas), debido en parte a prácticas tradicionales y por causa de una menor tecnificación en comparación con el norte del país.
Se dirá —y con razón— que mucha tierra sembrada hay, pero a cambio baja producción. La cuestión de fondo es que la realidad campesina del estado revela abandono, baja tecnificación, ausencia de créditos y seguro agrícola, pero especialmente la carencia de una visión a largo plazo capaz para aprovechar la diversidad de suelos, la gran disponibilidad del recurso hídrico y nuevas estrategias de comercialización. A todo lo cual se suma la falta infraestructura y de plataformas logísticas para mover la producción.
A MANERA DE COLOFÓN
A no dudarlo, la viabilidad del programa presidencial “Sin maíz no hay país”, enfrenta grandes retos estructurales, sobre todo si pensamos en la intención política de soberanía alimentaria.
En todo el sector agrícola persisten serias dudas sobre la capacidad de la iniciativa para revertir la dependencia de las importaciones del maíz amarillo. Ya hubo un panel donde se perdió y los niveles de importación siguen siendo altos.
Innegable resulta que México importa casi el 65% de sus principales granos básicos, lo que hace difícil la autosuficiencia a corto plazo.
A nuestro parecer, el gran desafío para los campesinos más pobres, los pequeños productores, sigue siendo la falta de certidumbre en los precios de garantía y, como ya señalábamos, la falta de créditos y seguro agrícola. En pocas palabras, certeza operativa a fin de cubrir los costos de producción.
De otra parte, se reconoce el esfuerzo gubernamental de incentivar a los productores en pequeño con mejores precios de garantía y la venta directa de tortillas.
Lo que deviene claro es que no se puede dejar de pensar que el agro mexicano representa valores de identidad cultural y soberanía, una cuestión difícil de preservar. Insistimos, la alta dependencia externa pone en duda el éxito de la propuesta presidencial a corto plazo. Ojalá y estemos equivocados. Mientras tanto, sin maíz, no hay país.


