Héctor Estrada
Tan sólo durante los primeros 15 días del mes de septiembre Chiapas sumó tres asesinatos violentos de mujeres, que ya se investigan como presuntos feminicidios. Así, en las últimas dos semanas Guadalupe, Fabiola y Carmen se agregaron a la alarmante lista de crímenes de género que actualmente tiene a la entidad en el lugar número ocho de la incidencia nacional.
Y es que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a la fecha, la entidad chiapaneca ha acumulado oficialmente un total de 20 casos de feminicidio, teniendo la mayor incidencia en los municipios de Comitán y Tapachula. El último de ellos ocurrió apenas el sábado pasado en la carretera Tonalá-Arriaga donde una maestra jubilada fue localizada, asesinada a balazos.
¿Pero, entonces, en qué se ha gastado el dinero a la atención del problema? De acuerdo a la investigación de Serendipia, realizada mediante solicitudes de información pública a dependencias estatales y ayuntamientos, son tres rubros en los que se ha gastado la mayor parte de los recursos públicos para la AVGM: capacitaciones a funcionarios públicos, políticas públicas y erogaciones varias sin rubros precisos.
Así, según los datos reportados en las respuestas a las solicitudes de información, en Chiapas la capacitación de servidores públicos ha significado el mayor gasto, con el 26.6 por ciento de todas las erogaciones realizadas para atender la AVGM. Esto representa un total de 16.8 millones de pesos destinados a este rubro en todas las categorías desde la activación de la Alerta.
Las propias cifras de la AVGM en Chiapas señalan que 2020 y 2021 fueron los años de mayor violencia asesina contra las mujeres. Durante 2020 se registraron 29 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2021 fueron 48, casi el doble. Por su parte, el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró casi 200 muertes violentas de mujeres durante el año pasado.
Son estadísticas preocupantes que evidentemente no han podido ser combatidas o reducidas de manera efectiva mediante cursos de capacitación a funcionarios o estrategias meramente burocráticas. Han faltado estrategias que atiendan la problemática de raíz, como un problema de carácter social y no de simple procuración de justicia.
Las autoridades han dejado de lado la prevención social y la protección a víctimas potenciales, para enfrascarse en la contabilización de casos y la búsqueda de asesinos, sin reparar en que lo realmente importante es evitar que sucedan. Han faltado mecanismos eficientes para generar conciencia sobre la violencia de alto riesgo, brindar atención integral a posibles víctimas y medidas de protección cuando así se requiera.
Se trata pues de un problema que no parece menguar y que sigue manteniendo a Chiapas entre las entidades más letales para las mujeres en México. Una violencia sistemática arraigada en lo más profundo de la sociedad y que ni siquiera estrategias como las Alertas de Violencia de Género han
podido combatir con eficiencia para evitar que las cifras de mujeres asesinadas por razones de género sigan aumentando… así las cosas.