* La toma del edificio por parte de trabajadores de Educación mantiene paralizados servicios esenciales; madres de familia afectadas por retrasos en pensiones exigen una solución inmediata.
Redacción / Alfaro Noticias
La Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Tapachula cumplió más de una semana bloqueada por personal administrativo, de confianza y de base de la Secretaría de Educación, quienes reclaman el pago de adeudos laborales que suman 120 millones de pesos. Entre las exigencias se encuentra el pago del Bono Bienestar, que hasta ahora no ha sido cubierto.
El cierre, iniciado el pasado viernes 27 de junio, ha dejado sin funcionamiento a diversas dependencias como Registro Civil, Catastro, Hacienda, Infraestructura, Medio Ambiente, Comunicación Social y PROVICH. Esto ha paralizado múltiples trámites ciudadanos, incluidos pagos de predial, expedición de placas y licencias, así como compensaciones institucionales.
En este contexto, un grupo de mujeres pensionadas por pensión alimenticia se manifestó afuera del edificio para exigir el pago de sus pensiones retenidas desde el cierre. Aseguraron que alrededor de 500 mujeres de municipios como Tapachula, Cacahoatán y Huixtla se encuentran afectadas, y que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta clara por parte del delegado de Hacienda.
“Solo nos dicen que esperemos, que no hay acuerdos, pero nadie sale a decirnos algo concreto”, expresó Daniela Camacho. Las manifestantes señalaron que muchas de ellas dependen exclusivamente de ese ingreso y han tenido que recurrir a préstamos para solventar gastos básicos como agua, luz, internet y transporte.
Durante una conferencia de prensa, señalaron que el grupo que mantiene tomado el edificio tuvo oportunidad de liberar las nóminas para el pago de pensiones, pero decidieron no hacerlo. “Ellos dijeron que todo o nada, entonces optaron por cerrar las unidades y ahora nos están perjudicando a nosotras como madres”, comentaron.
Aunque aclararon que no están en contra del movimiento de los trabajadores, demandaron una solución inmediata que permita liberar el recurso que les corresponde por ley. Advirtieron que la situación se vuelve cada vez más crítica con el paso de los días.
Emnar Adrián Roblero, trabajador de la Secretaría de Educación, afirmó: “Es un reclamo justo: trabajamos, cumplimos y lo mínimo que pedimos es que nos paguen”. Aseguró que no liberarán la unidad mientras no se realicen los pagos pendientes y denunció que, hasta ahora, las autoridades estatales no han dado un posicionamiento oficial.
