* Esta estrategia ha sido calificada como una “amenaza” por jueces y magistrados, quienes la ven como presión para apoyar la reforma.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que tenía un “Plan D” en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera declarado inconstitucional la reforma judicial impulsada por su administración. Este plan contemplaba la reintroducción de la reforma con dos modificaciones: la posibilidad de nombrar a un nuevo ministro tras la salida de Luis María Aguilar en noviembre y la eliminación del haber de retiro de los ministros actuales.
Sheinbaum explicó que el objetivo del Plan D era evitar una confrontación directa con la SCJN. En sus declaraciones, señaló que su administración estaba decidida a impulsar la elección popular de jueces y magistrados, como una medida para democratizar el sistema judicial. La presidenta expresó que este plan de contingencia habría garantizado el avance de su proyecto sin enfrentamientos que, en su opinión, solo buscaban bloquear las reformas de la Cuarta Transformación.
Las reacciones dentro del Poder Judicial no se hicieron esperar. El magistrado Juan José Olvera López calificó el Plan D como una “amenaza” contra los jueces y magistrados, argumentando que se trataba de una forma de presión para que los ministros votaran a favor de la reforma. Olvera criticó especialmente la propuesta de eliminar el haber de retiro, señalando que implica un riesgo para la independencia de los juzgadores.
Por su parte, la magistrada Magda Edna Lorena Hernández Granados expresó su preocupación por lo que percibe como una tendencia del Ejecutivo a modificar la Constitución cada vez que enfrenta resistencia en sus iniciativas. “Cada vez que algo no sale conforme al plan del gobierno, reforman la Constitución en 24 horas para hacerlo válido”, comentó. La magistrada advirtió sobre posibles cambios futuros que podrían comprometer aún más la autonomía del Poder Judicial.
A pesar de los obstáculos, varios jueces y magistrados han reiterado su compromiso de defender la Constitución a través de recursos legales. Olvera López afirmó que el Poder Judicial continuará promoviendo amparos contra la reforma judicial, insistiendo en que es su deber proteger los derechos humanos y salvaguardar el Estado de derecho ante cualquier intento de intervención.
En contraste, Sheinbaum reconoció la postura del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se negó a votar por la inconstitucionalidad de la reforma judicial. La presidenta calificó su voto como una “decisión individual y valiente”, y destacó la importancia de respetar las opiniones que se alinean con los principios de su proyecto de transformación.
