* La iniciativa plantea fijar un tope de 70 mil pesos mensuales a jubilaciones de ex funcionarios de confianza y proyecta un ahorro anual de 5 mil millones de pesos
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer un límite a las pensiones de ex funcionarios de altos mandos en entidades públicas, con el objetivo de eliminar jubilaciones consideradas onerosas y generar ahorros para programas sociales.
De acuerdo con la propuesta, las pensiones de ex trabajadores de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración mensual de la titular del Ejecutivo federal, lo que equivale a aproximadamente 70 mil pesos. La medida aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Quedan excluidas las pensiones derivadas de contratos colectivos de trabajo y no contempla retroactividad.
La mandataria señaló que actualmente existen casos de ex funcionarios que reciben entre 300 mil y un millón de pesos mensuales. Indicó que, de aprobarse la reforma, se estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas de bienestar.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en liquidación está integrado por 14 mil 73 personas, con un costo anual superior a 28 mil millones de pesos. Precisó que 9 mil 457 ex trabajadores perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y que 3 mil 504 superan el sueldo neto de la presidenta.
En Petróleos Mexicanos, añadió, 544 pensionados reciben montos superiores a la percepción de la titular del Ejecutivo, mientras que en la Comisión Federal de Electricidad 2 mil 199 personas superan ese ingreso. También se reportan casos en Nacional Financiera, Banobras y Bancomext con pensiones por encima del salario presidencial.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, explicó que la iniciativa se sustenta en principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera. La propuesta será turnada al Congreso para su discusión y eventual votación.
