* La Cancillería mexicana sostiene que el documento refleja la opinión de expertos independientes y no una postura oficial del sistema de Naciones Unidas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intensificó sus cuestionamientos al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas que señala que este delito ocurre de forma sistemática en el país, y afirmó que el Estado mexicano no se encuentra rebasado frente a esta problemática.
Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que las desapariciones son cometidas principalmente por grupos delictivos y no por el Estado, al tiempo que defendió las acciones de su gobierno para atender el fenómeno y localizar a las personas reportadas como desaparecidas. También indicó que el informe no considera los esfuerzos institucionales implementados en esta materia.
Sheinbaum señaló que el documento del Comité tiene una orientación crítica hacia su administración y cuestionó la intención de llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU. Afirmó que su gobierno ha desarrollado acciones como la creación de comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y el acompañamiento a familiares de víctimas.
El informe del Comité, difundido recientemente, advierte que las desapariciones en México constituyen un problema generalizado y que persisten condiciones de impunidad. Asimismo, documenta casos en los que habrían participado funcionarios de distintos niveles de gobierno, lo que, según el organismo, evidencia posibles actos de complicidad o limitaciones en las capacidades institucionales.
De acuerdo con cifras oficiales, en México existen más de 133 mil personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que, tras una revisión de registros, alrededor de 43 mil casos corresponderían a desapariciones vigentes, mientras que el resto presenta inconsistencias o indicios de localización posterior.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, afirmó que el informe del Comité representa únicamente la opinión de sus integrantes y no una postura oficial de la ONU ni de sus principales órganos.
El funcionario sostuvo que el mandato del Comité es supervisar la aplicación de la Convención sobre desapariciones forzadas, no reinterpretarla, y señaló que sus conclusiones provienen de un grupo de diez expertos independientes elegidos por un conjunto de Estados parte del tratado.
Además, explicó que, conforme a instrumentos internacionales como la Convención y el Estatuto de Roma, la desaparición forzada implica la participación directa o indirecta del Estado, por lo que cuestionó la interpretación del Comité respecto a la situación en México.
