- Senadoras advierten que la reforma reduce el acceso a la justicia y acota la facultad de los jueces, favoreciendo a las autoridades en litigios fiscales y otros casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con el objetivo de restringir la suspensión de actos reclamados en casos que contravengan el interés social o disposiciones de orden público, y agilizar los procedimientos judiciales. La propuesta también contempla modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Entre los cambios más destacados, la iniciativa establece que no procederán suspensiones de amparo que permitan desbloquear cuentas bancarias sujetas a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La reforma también introduce criterios claros para definir el “interés legítimo”, siguiendo lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intención de proteger derechos colectivos, como el medio ambiente, y prevenir el uso abusivo de los amparos.
La reforma incorpora plazos específicos para notificaciones y resoluciones judiciales, limita la presentación de pruebas fuera de tiempo, y faculta a los jueces a desechar recusaciones improcedentes. Además, permite que las actuaciones y promociones se realicen de forma digital, con un período de transición de hasta 360 días para adecuar los sistemas electrónicos de las autoridades y tribunales.
Senadoras de oposición advirtieron que la iniciativa podría reducir derechos ciudadanos. Claudia Anaya, del PRI, señaló que “pretende quitarle al justiciable ciertos mecanismos de defensa, dejando menos posibilidades de consolidar sus derechos y más facilidad para que las autoridades recurran”. Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, destacó que la reforma limita la facultad de interpretación de los jueces y restringe el acceso al amparo, favoreciendo a la autoridad en la resolución de litigios.
La propuesta presidencial también establece que los juicios de contribuyentes en materia fiscal serán más rápidos y menos susceptibles a dilaciones, impidiendo recursos de revocación o juicios contenciosos cuando los créditos fiscales ya estén firmes, aunque se mantendrá la posibilidad de impugnar actos finales del procedimiento de cobro coactivo. Según el documento, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se presentaron más de 3 mil 600 amparos contra bloqueos de cuentas de la UIF, con 27 mil millones de pesos desbloqueados mediante suspensiones definitivas.
