* Gobierno federal acusa al “cártel inmobiliario” y a exfuncionarios capitalinos de incentivar el desplazamiento de población en zonas céntricas
La presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizó al exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y a desarrolladores vinculados al llamado “cártel inmobiliario” de haber promovido la gentrificación en la Ciudad de México mediante cambios irregulares en el uso de suelo. En respuesta a la reciente movilización vecinal en colonias como Roma y Condesa, la mandataria federal sostuvo que algunos gobiernos anteriores facilitaron el crecimiento desmedido de desarrollos habitacionales que terminaron por encarecer la vida en zonas tradicionales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, bajo administraciones pasadas, se aprobaron modificaciones para permitir la construcción de edificios de gran altura en lugares donde antes solo se permitían edificaciones bajas, generando con ello un desplazamiento paulatino de la población originaria. Afirmó que ese tipo de transformaciones no ocurrieron bajo su gestión como jefa de Gobierno ni durante la actual administración capitalina.
La presidenta pidió distinguir entre el rechazo legítimo al fenómeno de la gentrificación y expresiones de xenofobia que, dijo, no deben formar parte de las protestas. Subrayó que uno de los mecanismos para mitigar los efectos del fenómeno es la construcción de vivienda social y el control del precio del suelo.
Por su parte, Alejandro Encinas, secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, reconoció que las autoridades capitalinas han carecido de una política integral que garantice acceso a vivienda asequible, particularmente en alcaldías centrales con alta demanda y cercanía a los centros de trabajo. “La especulación del suelo ha crecido ante la falta de oferta pública en zonas estratégicas”, admitió durante el foro “Capital y Metrópoli”.
Encinas adelantó que el próximo Programa General de Desarrollo de la ciudad será sometido a consulta pública, especialmente entre pueblos y barrios originarios, para incluir sus necesidades en materia de vivienda, movilidad y uso del suelo.
En el mismo foro, la coordinadora general de Habitat International Coalition América Latina, María Silvia Emanuelli, pidió al gobierno capitalino mayor transparencia sobre el inventario de terrenos públicos disponibles, y que estos sean destinados a proyectos de vivienda social, como cooperativas o fideicomisos comunitarios. Según señaló, la falta de regulación en el uso del suelo ha favorecido el incremento de las rentas y el desalojo indirecto de miles de personas.
Tanto Encinas como Emanuelli coincidieron en que el reto principal es romper con la lógica del mercado inmobiliario que prioriza el lucro sobre el derecho a una vivienda digna, y que el actual momento político podría ser una oportunidad para avanzar hacia modelos más justos y sostenibles en la ciudad.
