* Sin embargo, destacó que la reforma constitucional de 2021 permite procesarlos por delitos graves si existen pruebas suficientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró en su conferencia de prensa matutina del 11 de febrero que la razón por la que no se ha enjuiciado a los expresidentes del país es el fracaso de la consulta popular promovida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En dicha consulta, celebrada el 1 de agosto de 2021, los ciudadanos fueron llamados a decidir si los expresidentes debían ser juzgados por actos cometidos durante sus gobiernos, pero la baja participación impidió que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta tuviera efectos vinculantes.
Sheinbaum recordó que, aunque la consulta buscaba conocer la postura de la población sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, solo el 7.05 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón electoral participó en ella. Este porcentaje fue muy por debajo del 40 por ciento requerido para que la consulta tuviera validez legal. Por esta razón, la mandataria destacó que la baja participación reflejó la falta de interés de la ciudadanía en este tema específico.
A pesar del resultado de la consulta, Sheinbaum subrayó que en México sí es posible enjuiciar a los expresidentes, siempre que existan pruebas contundentes de su implicación en delitos graves. La reforma constitucional aprobada en 2021 al artículo 108 eliminó el fuero presidencial, lo que permite que tanto los presidentes en funciones como los expresidentes sean procesados por delitos como corrupción, traición a la patria, homicidio y abuso de poder, entre otros.
Para que un expresidente pueda ser llevado a juicio, es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie un proceso judicial integral, que implique la recopilación de pruebas históricas, documentación detallada y un debido proceso. Este proceso tiene como objetivo garantizar que cualquier acción legal esté basada en pruebas sólidas y en el cumplimiento de los principios de justicia establecidos en el sistema judicial mexicano.
La reforma de 2021 que eliminó la inmunidad absoluta de los expresidentes representó un cambio significativo en la legislación mexicana. Este cambio abre la posibilidad de que los expresidentes sean investigados y procesados si existen elementos suficientes que los vinculen con actos ilícitos, lo que refuerza el Estado de derecho y combate la impunidad en los niveles más altos del poder político.
Aunque la consulta popular no logró el apoyo necesario, Sheinbaum destacó que las instituciones mexicanas están preparadas para actuar cuando existan condiciones legales y pruebas suficientes contra cualquier expresidente. La presidenta subrayó que, más allá de las consultas populares, el marco legal actual permite avanzar en la búsqueda de justicia, reafirmando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la democracia del país.
