* El programa federal busca fortalecer la paz y el desarrollo en el estado, aunque sectores sociales advierten que repite errores de estrategias anteriores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa federal que contempla una inversión superior a 57 mil millones de pesos para el próximo año, con el objetivo de atender las causas de la violencia y fortalecer el desarrollo social en la entidad.
Durante la presentación en el Patio de Honor de Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el plan contará con seguimiento permanente y transparencia pública. Indicó que personalmente revisará los avances cada quince días y que su equipo informará mensualmente sobre los resultados en la “Mañanera del Pueblo”.
La mandataria explicó que de la inversión total, más de 37 mil millones de pesos se destinarán a programas de bienestar que beneficiarán a cerca de un millón y medio de habitantes. Acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de miembros de su gabinete, subrayó que la estrategia se basará en la coordinación interinstitucional, la austeridad republicana y el fortalecimiento de los derechos sociales.
El plan fue anunciado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, hecho que generó preocupación entre autoridades federales y estatales. Sheinbaum expresó que el homicidio representa una pérdida para todo el país y reiteró que su gobierno mantendrá presencia en el estado para garantizar la seguridad de la población.
Sin embargo, grupos civiles y productores agrícolas de Michoacán consideraron que el nuevo plan repite errores de estrategias anteriores impulsadas por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana del Valle de Apatzingán, el programa federal no incluye mecanismos claros de participación social ni espacios de evaluación abiertos a la ciudadanía.
La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim) señaló que, aunque el proyecto “suena bien”, llega con retraso y podría dejar fuera a sectores vulnerables, como los productores de limón, que enfrentan extorsiones y violencia por parte del crimen organizado.
Analistas y organizaciones locales recordaron que las estrategias anteriores fracasaron por la falta de transparencia, la exclusión de la sociedad civil y la ausencia de un diagnóstico regional preciso. Advirtieron que, si los nuevos recursos no se administran con vigilancia comunitaria, el plan podría convertirse “en un nuevo mecanismo de simulación”.
A la par, asociaciones de citricultores manifestaron su preocupación por la posible participación de actores vinculados a grupos criminales en la distribución de apoyos. También cuestionaron el desempeño de las autoridades estatales de justicia, a las que señalan por vínculos políticos y presuntas omisiones frente a la violencia en Tierra Caliente.
Mientras tanto, la sociedad organizada mantiene propuestas propias de prevención y mapeo de riesgos en municipios como Uruapan, Apatzingán y Coalcomán, con el fin de contribuir a la reducción de la violencia desde el nivel local.
El gobierno federal aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un esfuerzo integral que combinará inversión social, seguridad y reconstrucción del tejido comunitario. No obstante, organizaciones y especialistas locales coinciden en que su éxito dependerá de la inclusión ciudadana y la rendición de cuentas.
