- El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza advirtió que quienes no se regularicen, no se les reconocerá la propiedad.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó este miércoles que la nueva estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implique el despojo de viviendas a sus propietarios. En conferencia de prensa, aseguró que la propiedad privada está protegida por la Constitución y que las medidas anunciadas buscan atender el abandono e irregularidades en más de 800 mil inmuebles.
Sheinbaum explicó que muchas de estas viviendas fueron construidas en gobiernos anteriores en zonas alejadas de los centros urbanos y laborales, lo que provocó que fueran deshabitadas. Algunas han sido ocupadas de forma irregular y, en varios casos, revendidas hasta cinco veces, lo que ha derivado en situaciones legales complejas y fraudes en perjuicio de los trabajadores.
En este contexto, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que ya no se llevarán a cabo desalojos forzosos como en administraciones pasadas. En su lugar, se plantean mecanismos para regularizar la situación de quienes actualmente habitan estos inmuebles, con el fin de que puedan acceder legalmente a su compra. A quienes no se regularicen, advirtió, no se les reconocerá la propiedad.
La presidenta subrayó que esta política no afecta los créditos vigentes ni representa una amenaza para quienes están pagando su casa, sino que busca resolver el rezago habitacional y evitar el abandono de viviendas construidas con recursos públicos. “Sería un absurdo mantener estas casas vacías o en condición de irregularidad”, afirmó.
Como parte de la estrategia, el Infonavit firmó un convenio con la Secretaría de Bienestar para realizar un censo nacional que permita conocer la situación actual de cada inmueble. Hasta el momento se han revisado 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas, aunque no siempre por los acreditados originales, y otras 23 mil presentan daños por vandalismo.
Sheinbaum concluyó que el objetivo es proteger tanto el derecho a la vivienda como la legalidad en la tenencia de los inmuebles. Aseguró que el gobierno federal actuará conforme a la ley y en favor de los trabajadores, sin repetir prácticas del pasado ni permitir nuevas afectaciones al patrimonio de quienes han cumplido con sus pagos.
