Sr. López
Tía Rita le amargó la vida a su mamá y a su papá, hermanos, primos, abuelos, tíos, compañeras de escuela, vecindario, novios y por supuesto, se quedó para vestir santos. Ya muy anciana, más insoportable que nunca, una sobrina le dijo que se la llevaba a vivir con ella, pero le aclaró: -Nada más para darme el gusto de ser la primera en verte muerta y darle la buena noticia a toda la familia -¿feo?, no la conoció.
La barahúnda de las campañas electorales, distrae la atención del respetable (ni tanto, es mucha menos gente de la que uno imagina, la que presta atención al intercambio de dimes y diretes entre candidatos), mejor dicho: acapara la cobertura noticiosa de los medios informativos en todas sus presentaciones. Eso sí.
Así y todo, de a pocos se posiciona en la campaña presidencial el principal problema del país: la delincuencia organizada y su innegable correlato, la inseguridad pública, que de diciembre de 2018 a la fecha, es de la exclusiva responsabilidad de un gobierno que acaparó facultades de los estados y municipios, para centralizar decisiones y acaparar los éxitos que suponían seguros como resultado de su política de ‘abrazos no balazos’, su declaración de que la guerra había terminado, su aviso de que no era de su responsabilidad apresar capos, su prédica en defensa de los derechos humanos de los delincuentes ‘que también son personas’ y su terca convicción en que atendiendo ‘las causas’, todo se resolvería, sin atinar a las verdaderas causas, con lo que lo único que aseguró fue su rutilante fracaso en la materia, con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en labores reactivas, esos inútiles patrullajes posteriores a los hechos delictivos.
Este inmenso desastre propiciado por los personalísimos yerros del Presidente de la república, aferrado a los mágicos efectos de su palabra, lo ratifican dos cosas difíciles de discutir: la creciente presencia de las bandas de delincuentes en amplias regiones del país y el imparable número de homicidios dolosos.
La Agencia de Control de Drogas de los EUA (DEA), reportó el año pasado que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene presencia en 23 entidades y el Cartel de Sinaloa, en 19; mientras AC Consultores de Alberto Capella (por si le suena), en su informe del 24 de abril pasado, asegura que el CJNG opera en 28 estados de la república y los de Sinaloa en 24; sin mencionar a otros carteles de menores alcances aunque idénticos en crueldad, como el del Noreste(exzetas), y el del Golfo.
Más a las claras se entiende el horror de esto, al saber que en esos estados, el CJNG domina, aterroriza y explota, 420 municipios en los que habita el 43.5% de la población del país.
Junto con los municipios controlados por los demás carteles, según AC Consultores, con al menos una célula, la delincuencia organizada tiene presencia enel 81% del territorio nacional, sin dejar de hacer notar que hay entidades en las que simultáneamente tienen presencia varias bandas: en la CdMx son 30; en Michoacán, 24; en Sonora, 21; en el Estado de México, 19; y en Chihuahua, 18 organizaciones criminales operando a sus anchas. De esa inimaginable magnitud es el problema que insiste en negar el actual gobierno federal.
Y durante esta administración, del 1 de diciembre del 2018 al 28 de abril pasado, van 185,602 homicidios dolosos según el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que apunta a cerca de 200 mil fiambres o poco más, para cuando este Titán de la Paz, entregue el poder. Nada más compare con el total de homicidios del sexenio de Felipe Calderón, villano favorito de este gobierno: 102,812, casi la mitad (con Fox fueron, 53,275; y con Peña Peñita Peña, 130,626). El campeón de la muerte es el actual. Lo que se diga en su descargo, es música de viento.
La galería del horror que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene otro pabellón que supera en daños y en muertos a la inseguridad pública: la pandemia del Covid 19.
A mediados de febrero pasado, se organizó la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19 en México, para hacer un diagnóstico integral sobre cómo se atendió la pandemia por parte de las autoridades, integrada por investigadores y académicos, de indiscutible prestigio, como Julio Frenk (exsecretario de Salud), Julia Carabias, José Ramón Cossío (ministro en retiro de la Suprema), Carlos del Río (decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory), y Amanda Glassman (asesora Ejecutiva del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo), entre otros.
Ayer presentaron los resultados de su diagnóstico: durante la pandemia hubo 511 mil muertes por el Covid-19 (dato de las actas de defunción). Con 300 mil muertes que se pudieron evitar, debidas al mal manejo del gobierno federal que incumplió lineamientos oficiales, usó datos falsos o incorrectos para el cálculo del riesgo y pospuso la implementación de medidas sanitarias. En el 2022, la vacunación en México, quedó detrás de Colombia, Brasil, Perú y Chile; el gobierno de López Obrador, aseguró que todos los 14.4 millones de adultos mayores, estarían vacunados para abril de 2021, se vacunó a unos 6.1 millones. La calificaron como “la catástrofe humana más grande que ha vivido México en un siglo”.
Se redujo entre 4 y 4.6 años la esperanza de vida en México (76% por el Covid 19), 2.4 veces más que en el resto del mundo, un retroceso de 30 años. Para la Comisión, tres son las claves de este holocausto: la permanente subestimación del virus; la centralización y personalización de las decisiones; y la política de austeridad que dejó sin recursos al sistema de salud.No se puede peor.
No imagina este menda cómo se cargan en los lomos 300 mil muertos evitables con su cauda de daños adicionales: un millón de negocios cerrados definitivamente; 2.4 millones de puestos de trabajo perdidos; 6.2 millones de personas bajaron de la clase media.
Así las cosas, se nos está ofreciendo el segundo piso del sexenio de la muerte.
