Guillermo Ochoa-Montalvo
Querida Ana Karen,
Desde hace 25 años he dedicado múltiples artículos en defensa de los organismos autónomos y la defensa de la TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA que inició López Portillo en 1977 como una política pública que se concretó en ley durante la gestión de Vicente Fox en 2004, la cual funcionó con efectividad hasta que el gobierno del señor López y de la señora Claudia la sepultaron enviando la transparencia a la opacidad erigiéndose en jueces y parte al mismo tiempo cuando le cedieron estas funciones a una dependencia pública de la federación con una corte de justicia incapaz de desobedecer las ordenes del alto mando.
DE LA TRANSPARENCIA A LA OPACIDAD.
En fechas recientes los gobiernos del señor Lopez y la señora Sheinbaum abolieron de un plumazo los órganos autónomos bajo el argumento de ser corruptos. Pero en vez de corregir anomalías y poner candados a la corrupción, decidieron -por conveniencias propia y ocultar la enorme corrupción actual- transformarla en una burla para la ciudadanía. A los ciudadanos nos dejaron fuera de esta área fundamental que brindaba certeza a las inversiones y gasto público de los “sujetos obligados”, donde se incluían partidos políticos, organizaciones políticas y religiosas, congresistas, municipios y dependencias estatales y federales, que ahora, han sido recortados. La opacidad de la ley federal es notoria y marca un evidente retroceso en la construcción de una democracia que se convierte en autoritarismo.
CHIAPAS PROMULGA LA LEY DE TRANSPARENCIA
El 17 de junio pasado, el Congreso de Chiapas aprobó con 36 votos de 40, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que comentaré cuando se publique en el portal del Congreso chiapaneco y después de compararla, pues se dice que se trata de homologarla a la federal. Además, el congreso de Chiapas anunció que esta ley incluye disposiciones sobre la protección de datos personales y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública.
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LOS SUJETOS OBLIGADOS
La idea de transparentar la gestión pública deberá incluir a todos los “sujetos obligados” considerado en la Ley del 2004 y quedar bajo la gestión de un órgano autónomo en quien confiar. Cuando se difunda el decreto, lo sabremos. Por el momento mencionan “que se imponen mayores obligaciones a los sujetos obligados en materia de datos abiertos y gobierno abierto, conforme a los lineamientos de la Agencia Digital del Estado de Chiapas, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México”.
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Esta disposición debe ser analizada con cuidado para conocer, de acuerdo a las modificaciones a la ley de la administración pública, si habrá de obra como protección a funcionarios o a ciudadanos, pues el congreso local, declaró: “Se incluye la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, con el objetivo de garantizar la privacidad y seguridad de la información”.
ORGANOS GARANTES
Se anunció que “Se reconoce la autoridad de los órganos garantes para implementar acciones en materia de acceso a la información, como la resolución de recursos de revisión y la atención de denuncias”, pero habrá que esperar la difusión del decreto para saber quienes y cómo habrán de operar estos “órganos garantes”, porque en la ley Sheinbaum, esos se erigen com jueces y parte, como ya lo mencionamos.
Se reconoce a las autoridades garantes como competentes para la implementación de acciones en materia de acceso a la información pública, como la resolución de recursos de revisión y las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA
Otra interrogante por resolver refiere al anunciado para saber en qué consiste específicamente el subssitema de transparencia después de anunciarse que “la figura del Subsistema de Transparencia del Estado de Chiapas, formará parte del Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública y se conformará a partir de la coordinación institucional. Su objetivo es impulsar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia, tanto a nivel estatal como municipal, y funcionará por conducto de un comité estatal”. ¿Un comité estatal? ¿Conformado por quiénes y con qué facultades?
SANCIONES
En la ley del 2004, las sanciones iban de 3 mil pesos hasta 150 mil con cargo a quienes resultasen responsables del incumplimiento de la ley. La separación del cargo e inhabilitación en la función pública hasta por 10 años incluía los créditos fiscales del causante hasta su liquidación. Habrá que conocer en qué términos se redactó la nueva ley.
PUBLICACIÓN
Aunque se menciona que la nueva La ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, aún no aparece en los portales del estado al momento de escribir este artículo.
SENTIDO HUMANO E INCLUSIVO
El congreso local mencionó: “Asimismo, se armonizan las bases, principios, deberes, obligaciones, procedimientos y mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, considerando también el uso de un lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista. También se incluye el concepto de política de transparencia con sentido social y humanista, como un conjunto de acciones dirigidas a transparentar información útil sobre temas prioritarios, con énfasis en sectores de la población en situación de vulnerabilidad.
HOMOLOGACIÓN A AL FEDERAL
Los congresistas explicaron que la creación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, homologada a la Ley General, armoniza la legislación y reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, especialmente las atribuciones de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, evitando la falta de homologación con el marco jurídico nacional y local. Y la pregunta queda en el aire: esta protección es para funcionarios o a favor de la ciudadanía? Hay que analizar con cuidado todos estos instrumentos jurídicos porque la corrupción también puede encúbrase tras leyes confeccionadas a la medida. Por lo pronto, habrá mucho que leer, bastantes aspectos para analizarse y en esta tarea habrá que consultar a los expertos sobre interpretación de la ley, ya que la ley es una cuestión de interpretación que admite infinidad de variables. En lo único que podría confiar sería en la restitución de los órganos ciudadanos autónomos como principio de legitimidad y para la ciudadanía, una cuestión de amor.
