* La controversia en Ciudad de México se dio por la remoción de esculturas de Fidel Castro y Che Guevara sin autorización de comité cultural
El retiro, sin permiso institucional, de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la alcaldía Cuauhtémoc, ha desencadenado un cruce de señalamientos entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el senador Gerardo Fernández Noroña.
En una reunión comunitaria, Sheinbaum criticó a Rojo de la Vega por retirar las figuras sin la aprobación del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos —integrado por el INAH, el INBAL y la Secretaría de Cultura capitalina— y calificó la acción de “irregularidad administrativa”. Identificó el retiro como un atentado en contra del patrimonio histórico y respaldó las gestiones para que las esculturas sean reinstaladas. Además, expresó inconformidad por propuestas de subasta sin un mecanismo legal adecuado.
Rojo de la Vega respondió que las esculturas fueron adquiridas en 2017, durante la gestión de Ricardo Monreal, y enfatizó que no hay registro documental de su instalación en archivos de la alcaldía. Justificó su decisión como un cuestionamiento a homenajes que, a su juicio, respaldan a figuras represoras, al igual que exhumaciones previas de monumentos a Díaz Ordaz o Colón, realizadas cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno.
En un segundo frente de tensión política, el senador Fernández Noroña calificó la acción de Rojo de la Vega como “prepotencia e ignorancia” y comparó su gestión con la de la ex alcaldesa Sandra Cuevas. Exigió transparencia respecto a los costos de adquisición y presionó para conocer quién autorizó la remoción o eventual subasta de las esculturas. Advirtió que su plan podría constituir una apropiación indebida del patrimonio público.
Rojo de la Vega, en respuesta a las críticas, sugirió que “los comunistas de clóset” adquirieran las piezas mediante subasta, fórmula que provocó un debate sobre el alcance de la autoridad municipal para disponer de bienes culturales sin la intervención del comité regulador.
Las autoridades culturales y del gobierno local aún no han anunciado acciones concretas para resolver el conflicto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura evaluarán la legalidad de los procedimientos realizados por la alcaldía antes de actuar sobre el destino de las esculturas.
