* La Jufed calificó el sorteo como humillante, arbitrario y carente de sustento legal.
La Asociación de Jueces y Magistrados (Jufed) rechazó enérgicamente el sorteo mediante tómbola realizado por el Senado de la República para definir las plazas de jueces y magistrados que serán electas en 2025. En un comunicado, la Jufed calificó el procedimiento como humillante, arbitrario y carente de sustento legal, además de señalar que viola el Estado de derecho, por lo que solicitó que se declare nulo.
El sorteo, que resultó en la destitución de 711 jueces y magistrados titulares, se llevó a cabo sin la presencia de los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes boicotearon la sesión por considerarla ilegítima. Con un quórum mínimo de 66 senadores, la sesión estuvo marcada por dudas y cambios de último minuto en el mecanismo del sorteo. De las 850 plazas sometidas a insaculación, 139 estaban vacantes.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, defendió el proceso al asegurar que se realizó conforme a la ley y bajo la supervisión de un notario público. Sin embargo, algunos senadores, como Laura Itzel Castillo, expresaron dudas sobre la transparencia del método, lo que obligó a Fernández Noroña a explicar varias veces los detalles del procedimiento.
La Jufed también criticó la intervención del poder legislativo en asuntos del Poder Judicial, calificando la tómbola como una violación a las suspensiones decretadas por la justicia federal. En su comunicado, la asociación aseguró que brindará apoyo legal a los jueces y magistrados afectados por lo que consideran una acción arbitraria que pone en riesgo la carrera judicial de muchos profesionales.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el sorteo carece de certeza jurídica, argumentando que existen amparos en curso para detener este proceso. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó el evento como una “guillotina” que truncará la carrera de muchos jueces y magistrados.
A pesar de las críticas, el Senado continuará con el proceso electoral que culminará en junio de 2025, cuando se elija a la mitad de los juzgadores mediante voto popular. Los juzgadores restantes permanecerán en sus cargos hasta la elección programada para 2027.
