* La modificación constitucional establece que las jubilaciones de altos mandos de confianza no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece límites a las pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de altos mandos en organismos públicos, empresas paraestatales y entidades financieras del Estado.
Con 116 votos a favor de todas las fuerzas políticas, el pleno avaló la modificación al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fija que las pensiones de exservidores públicos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal.
La reforma aplica a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y empresas de participación estatal mayoritaria, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo. El dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Durante el debate legislativo, senadores de distintos partidos coincidieron en respaldar la iniciativa al considerar que busca establecer límites al uso de recursos públicos destinados a jubilaciones elevadas de exfuncionarios. No obstante, legisladores de oposición expresaron reservas sobre algunos aspectos de la reforma.
Entre las observaciones planteadas, se señaló que el nuevo límite se establece con base en el salario de la presidenta, lo cual, según algunos legisladores, podría modificarse cada año con el Presupuesto de Egresos. Por ello, propusieron que la referencia se vincule a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para mantener un parámetro fijo.
Asimismo, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre posibles implicaciones relacionadas con la aplicación retroactiva de la reforma en materia de derechos laborales. Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos señalaron que, al tratarse de una modificación a la Constitución y de recursos públicos, existen criterios jurídicos que permiten establecer nuevas disposiciones para este tipo de prestaciones.
Durante la discusión, se expusieron ejemplos de pensiones dentro del sector público que superan ampliamente el promedio nacional. Según cifras presentadas en tribuna, mientras la pensión promedio en el país oscila entre aproximadamente 6 mil 600 y 8 mil 400 pesos mensuales, en algunos casos de exfuncionarios de organismos públicos se registran montos que van de 340 mil a más de un millón de pesos al mes.
También se mencionaron datos sobre el número de jubilados en distintas instituciones. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, se informó que más de 14 mil personas integran el padrón de extrabajadores jubilados, lo que representa un gasto anual superior a 28 mil millones de pesos. Situaciones similares se señalaron en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, donde existen miles de jubilados bajo el régimen de confianza con costos significativos para el erario.
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el objetivo de la reforma es establecer un sistema de pensiones con límites más claros dentro del sector público y reducir el impacto presupuestal que representan algunas jubilaciones de alto monto.
