* Proyecta 10.19 billones de pesos en ingresos y un endeudamiento de hasta 1.78 billones
Tras más de cinco horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, que contempla ingresos totales por 10 billones 193 mil millones de pesos, y un techo de deuda que podría alcanzar 1.78 billones. La minuta fue respaldada por Morena, el Partido Verde y el PT, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la sesión, los senadores de la 4T defendieron que el endeudamiento proyectado responde a una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas y mayor recaudación interna. “El 80 por ciento de los recursos proviene de impuestos, no de créditos”, señalaron los legisladores oficialistas, quienes subrayaron que la deuda actual “es herencia de gobiernos neoliberales”.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que el paquete parte de supuestos macroeconómicos prudentes y permitirá fortalecer los programas sociales, que beneficiarán directamente a más de 80 por ciento de los hogares mexicanos.
Por su parte, la oposición cuestionó el incremento en la deuda pública y acusó que la ley “hipoteca el futuro del país”. El panista Gustavo Sánchez advirtió que el proyecto “lleva a México al precipicio financiero”, mientras que la priista Cristina Ruiz afirmó que los recursos se usarán con fines electorales.
Entre los puntos relevantes del dictamen se encuentra la eliminación de deducciones fiscales a los bancos por cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como acuerdos con aseguradoras y beneficios temporales para participantes de la Copa Mundial 2026.
La Ley de Ingresos prevé que la recaudación tributaria alcance 15.1 por ciento del PIB, un máximo histórico, con 5.8 billones de pesos provenientes de impuestos. De acuerdo con el Senado, el objetivo es mantener la estabilidad económica, garantizar la inversión social y fortalecer la capacidad de financiamiento del Estado sin afectar a los sectores de menores ingresos.
