Manuel Ruiseñor Liévano
DE LAS 40 HORAS
En estos tiempos de honda agitación, el mapa de la relación entre los factores del capital y el trabajo en México está mutando con singulares y preocupantes signos, todos ellos merecedores de atención y análisis.
En primer lugar, se trata de un cambio constitucional en la duración de la semana laboral, a efecto de reducirla gradualmente hasta hacerla de 40 horas, tal y como sucede en gran parte del orbe.
Y es que en este tiempo de cambio de régimen y transformaciones de la vida pública, México pretende dar un paso importante hacia la modernización de las condiciones del trabajo, con la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima desde las actuales 48 horas, una de las más altas del mundo, hasta las 40 horas.
Una conquista laboral que —vale la pena subrayar— se logró en Francia desde hace casi un siglo, en 1936, al reducirse la jornada laboral máxima desde 48 a 40 horas.
Dicho de otro modo, se trata de actualizar a nuestra realidad una propuesta que en sentido estricto no significa la prohibición de trabajar más de 40 horas semanales, sino que, en caso de hacerlo, el exceso de horas por sobre las 40 sean remuneradas como horas extraordinarias.
Un cambio que a los mexicanos nos pondría en sintonía con las preferencias globales, las cuales buscan equilibrar la calidad de vida de los trabajadores, impulsar el empleo y fomentar la productividad.
Debe acotarse aquí, que la propuesta está alineada con las tendencias internacionales, las cuales incluyen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la jornada laboral de 40 horas.
La actual Ley Federal de Trabajo ya indica cómo deben remunerarse las horas extras: las primeras 9 horas extras trabajadas semanalmente se pagarán el doble que la hora regular, mientras que las horas trabajadas que excedan las 9 horas extras semanales, se pagarán al triple de su valor regular.
Todo esto viene a comento porque sucedió que ayer miércoles fue noticia principal en medios de circulación nacional, que tras casi 12 horas de discusión la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dio lectura al resultado de la votación del proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y XI del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social votaron y aprobaron por unanimidad el dictamen de la minuta sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales de manera gradual hasta 2030, y con un día de descanso por cada seis de trabajo.
Con los cambios avalados por la Cámara Baja, México se perfila como el tercer país de Latinoamérica con la jornada laboral más corta, equiparando a Ecuador (pionero de la región) y Chile, que se encuentra en transición.
El proyecto establece un límite de 40 horas por semana, con al menos un día de descanso y una transición gradual que concluirá en 2030.
La reforma constitucional también contempla un nuevo tope al tiempo extraordinario, las horas pagadas al doble estarán limitadas a 12 por semana, en el caso de las denominadas “horas triples” la restricción será de 4 horas semanales, este último es uno de los ajustes más destacados, ya que actualmente no existe un máximo para este esquema.
Es importante señalar que se trata de una reforma que impactará la realidad de 12.4 millones de trabajadores con empleos formales, los cuales actualmente laboran más de 40 horas y más de cinco días a la semana.
No obstante y en términos generales, se ha previsto que la reforma potencialmente elevará los costos laborales unitarios, lo que puede desincentivar la formalidad, especialmente en sectores que ya operan con altos sectores de informalidad, como el comercio o los servicios.
El dictamen aprobado contempla que:
—En 2026 se mantendrán las 48 horas.
—En 2027 bajará a 46 horas.
—En 2028 se reducirá a 44 horas.
—En 2029 quedará en 42 horas.
—En 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.
Las modificaciones a la Carta Magna aún requieren de la aprobación de 17 congresos locales para su promulgación. Cuando se cumpla con este trámite y entre en vigor la reforma de jornada laboral, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para hacer las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Aquí, vale la pena referir que México, de acuerdo con la OCDE, es uno de los países donde más se trabaja sin que esas horas adicionales se traduzcan en mayor productividad o mejores condiciones de vida.
Así, el país se perfila hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, en medio de un debate abierto sobre la profundidad de los derechos de descanso que deben quedar establecidos en la Constitución.
Por igual, esta la cuestión de la productividad al indicarse que al reducir 16.7 % la jornada laboral máxima y mantenerse todos los demás factores constantes, se podría requerir 20% más de empleados para mantener el mismo nivel de producción.
LOS COSTOS DE LA REFORMA
De acuerdo con Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO Servytur), el costo de reducir la jornada laboral, sobre todo para las microempresas, tendría un impacto de casi 65 mil 793 dólares anuales, equivalentes a un millón 224 mil 407 pesos.
El impacto que expone el líder empresarial es de alrededor de 3 mil 290 dólares por trabajador, es decir, 61 mil 226 pesos.
La cifra representa 220 días de salario mínimo de un trabajador mexicano, en la Ciudad de México, el cual obtiene por día 278 pesos.
Sin duda una opinión relevante la anterior, toda vez que la CONCANACO es un gremio que agrupa a más de 5.2 millones de empresas, que representan el 66% del PIB nacional y el 70% del empleo formal y más del 77% del IVA recaudado en el país. Nada más pero nada menos.
Por su parte, los empresarios afiliados a la COPARMEX han advertido que la reducción de jornada sin un enfoque de productividad adecuado podría elevar la informalidad.
Argumentan que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrían tener dificultades para absorber costos, orillando a empleos informales para evitar cargas fiscales y de seguridad social.
A todo esto, el objetivo del gobierno federal es enriquecer la vida de los trabajadores, aumentar la productividad y acercar a México a los estándares internacionales del bienestar laboral ya que es el país con más horas trabajadas.
DE LA INFORMALIDAD
Sin embargo y a estas alturas, la implementación de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue generando un debate complejo sobre sus efectos positivos ante la informalidad laboral, más aún si se consideran los elevados niveles que ésta tiene en el país.
Resulta que en 2025 y acorde con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la informalidad se afianzó como el motor de generación de empleo al pasar —entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo periodo del 2024, de 54.5% a 55.0% de la población ocupada, su nivel más alto para un cierre de año desde el 2022.
Lo cual significa una sola cuestión: de los casi 293 mil empleos generados el año pasado, todos se concentraron en la informalidad, la cual sumó a 493 mil 821 personas. En esa línea, el empleo formal se redujo en 195 mil 513 puestos de trabajo. De ahí que sea menester plantearse qué efectos pudiera generar la reforma para la transición gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas cuando la mayor parte del empleo estaría fuera de esa consideración.
Para no ir más lejos, el nivel de la tasa de informalidad refleja que más de la mitad de los trabajadores en México, carecen de prestaciones y seguridad social, por lo cual sigue siendo imperativo fortalecer mecanismos de contratación formal más flexibles y políticas de formalización del empleo, las cuales se ajusten a la realidad actual del mercado laboral.
Evidentemente, se trata de cifras contundentes de una informalidad que revela un aciago panorama inmerso en los posibles efectos bienhechores de la reforma constitucional que implica reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Por lo menos con esta reforma se da un paso en sentido afirmativo de mejores condiciones laborales, para las y los mexicanos; pero de otra parte, sigue repuntando la informalidad que deja fuera del avance constitucional y las prerrogativas laborales, a casi 6 de cada 10 trabajadores en todo el país.
¿Y LA INFORMALIDAD EN CHIAPAS?
La informalidad laboral en el estado durante 2025 se situó entre las más altas del país, alcanzando niveles críticos que oscilaron entre el 76% y 78% de la población ocupada, lo cual superó ampliamente el promedio nacional.
Este fenómeno posicionó al estado en los primeros lugares de rezago laboral, caracterizado por falta de seguridad social y prestaciones, afectando principalmente a trabajadores agropecuarios y comerciantes.
DE POBREZA LABORAL
Otro de los escenarios intrínsecamente relacionados con el factor trabajo es, sin duda, el de la pobreza laboral, donde también se han registrado noticias recientes, dignas de atención.
Apenas hace un par de días, el INEGI reveló el más reciente corte de caja en relación con el tema, al anunciar que la pobreza laboral en Mexico cerró el año 2025 en 32.3% de la población, si bien su mínimo histórico de la serie, aunque el indicador todavía alcanza a 42.3 millones de personas cuyos ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria. Lo anterior por medio de un comunicado que precisa que el Semáforo Económico de Pobreza Laboral se mantiene en amarillo.
Por estados, Baja California Sur y Colima registraron las menores tasas de pobreza laboral, con 14.2 % y 17.3 %, respectivamente.
En contraste, Chiapas con 58.9:%, Oaxaca con 56.6% y Guerrero con 51.3%, se ubicaron como las entidades con mayor proporción de población en pobreza laboral, según el reporte
A MANERA DE COLOFÓN
Como señalamos en líneas iniciales, el país tiene no puede detener su marcha en el sendero de la actualización y modernización de su entramado normativo, especialmente en un tema capital para la economía como lo es el trabajo.
Así, consecuente es contar con una legislación laboral avanzada en países que no solo protege a los trabajadores, sino que actúe como un detonador de crecimiento sostenible, estabilidad social y competitividad internacional.
Y es que, lejos de ser un obstáculo, una regulación sólida y consensuada con todas las fuerzas políticas y sociales es garante de un entorno productivo y equitativo.
El pasado miércoles fuimos testigos que se dio un paso en el camino correcto de ajustar el reloj nacional a la justicia laboral moderna Acaso no fue la mejor forma de discutirlo, pero esa es la realidad legislativa y democrática en la que vivimos los mexicanos.
Aumentar la productividad, reducir la pobreza, incentivar la inversión de calidad, desalentar la competencia basada únicamente en reducción de costos laborales (salarios bajos, condiciones inseguras) y promover la competencia con base en la innovación y eficiencia, han de ser las claves si lo que en verdad se quiere para el país, es su prosperidad económica y desarrollo social.
Lo demás, debe expresarse en mejores condiciones laborales y de salud y, como pudo verse el pasado martes en el Congreso de la Unión, en el establecimiento de límites dignos a las horas de trabajo. Falta mucho por hacer y por eso no hay que detenerse. El capital y el trabajo, ya lo asentamos, son factores claves que debe armonizarse cuanto sea posible.
