Manuel Ruiseñor Liévano
Con el reloj puesto a la hora de una nueva era, que se advierte viene camino a restaurar la paz social y la gobernabilidad de Chiapas, dos condiciones indispensables para el crecimiento económico y el desarrollo saltan a la escena de la vida pública. Consolidar en el entorno territorial, político y social, justicia y seguridad. Justicia y seguridad como un binomio el cual demanda con urgencia la participación de los órdenes de gobierno, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, a favor de la unidad y armonía entre todos los chiapanecos.
Y es que sólo de esa forma, podrá proyectarse una sumatoria de acciones cuya expresión impacte definitoriamente en favor la reconciliación y armonía necesarias en el colectivo social. Se dice fácil, pero los asuntos de la política y la sociedad, lo sabemos bien, no se escriben de un tirón sólo con buenas intenciones.
Así, la llegada del nuevo Fiscal General de Chiapas resultaba, parafraseando al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, una designación anunciada. Anunciada tomando en cuenta su afinidad política con el gobierno estatal que viene ya y con la jefatura del gobierno federal, lo cual, aunado a su formación profesional y experiencia en dos materias que son inseparables: justicia y seguridad, le daba toda la ventaja ante el resto de los suspirantes, de cara a su designación por parte del Congreso de Estado, el cual voto unánimemente por el hombre de Suchiapa.
Una designación la cual tiene lugar justo cuando estamos a una semana del relevo del poder ejecutivo del estado y que se deriva da las propuestas enviadas por el aún gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Sin duda, producto de una transición tersa de gobierno, marcada por hombres de un mismo partido, quienes con la mayor corrección y diplomacia política acordaron tal decisión. Enhorabuena.
Enhorabuena, porque entre seguridad, justicia y democracia, las dos más sentidas demandas del pueblo de Chiapas, existe una convergencia que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, la paz y la inclusión social, todo lo cual entraña resistir la tentación de fincar la legalidad con métodos violatorios de esos derechos; una cuestión que es absurda y moralmente inaceptable y que debe desterrarse de la práctica de la administración de la justicia.
Ahora bien, en cuanto a la seguridad, podría pensarse que este valor social, será considerado a partir de una concepción más profunda y de mayor alcance. Me refiero a la seguridad humana, diferente a la seguridad jurídica, y aún no aterrizada del todo en el aparato del Estado.
Sin embargo, más allá de estas cuestiones de suyo relevantes, en Chiapas debemos pensar en la concreción de dos cimientos de un segundo piso necesario para la transformación de la vida pública: paz y seguridad; es decir, poner el acento en el quehacer de la policía, la Fiscalía y los tribunales, así como en la efectiva gestión del Ejecutivo y la participación como de la sociedad en abono a la gobernanza.
Y es que, la construcción de un nuevo sistema de seguridad y justicia, requiere de leyes y voluntad política, y en ese aspecto, todo indica que se marcha por buen camino. No sólo por la designación del nuevo Fiscal, sino por los órganos de esa tarea, funcionarios, empleados, agentes, guardianes, auxiliares, etcétera, los cuales deberán ser compelidos a actuar como garantes de que habrá seguridad y se hará justicia.
A todo esto, no podemos olvidar que una cuestión es el orden jurídico y otra la realidad atroz que impone sus reglas. Se dice y no con falta de razón, que costumbre se impone a ley. Eso habrá que transformarlo en la nueva era, avanzando con determinación hacia una auténtica cultura de legalidad, que sepulte añejas prácticas y que permita fundar sobre cimiento sólido el edificio de la justicia y la seguridad.
Esos, entre otros, son los retos de la seguridad y la justicia en Chiapas, que al gobierno de la nueva era y a su fiscal general, le tocarán enfrentar más allá de la procuración y aplicación estricta de la ley, así como lo que resulte del combate con todos los recursos de la inteligencia y tecnología al crimen organizado y a la consecuente incidencia delictiva.
Una cuestión debe de quedar clara en la nueva etapa que se avizora. El restablecimiento de la seguridad y la paz, pasa necesariamente por la acción de la justicia y la forma en que opera. El poder Judicial federal y el de las entidades federativas, están inmerso en una etapa de reforma profunda; luego entonces, será necesario esperar a corto y mediano plazo para ver cómo se reconfiguran eesos espacios en razón de los cambios constitucionales que reestructurarán la nómina de ministros de la Corte Suprema, magistrados y jueces federales y estatales.
En materia de seguridad y justicia, no existen soluciones inmediatas y acaso suficientes. La idea es evolucionar en el curso de un prolongado tránsito con lucidez, firmeza y efectividad, para dejar atrás tendencias arraigadas sin proponer fórmulas milagrosas. Fuerza y profundidad para abrir incertidumbre es lo que se requiere. Esos son los grandes retos en materia de justicia y seguridad. El futuro está a la vuelta de la esquina y se tiene que actuar. No hay de otra, las y los chiapanecos lo exigen y ya no se les puede quedar a deber, menos con 200 años de historia mexicana de Chiapas como precedente.
