* Afirman que las autoridades modifican las denuncias de secuestro a extorsión, evadiendo su responsabilidad de investigar los casos de privación ilegal de la libertad.
Daniela Alfaro
Siete migrantes venezolanos, entre ellos dos menores de edad, fueron secuestrados la noche del 12 de noviembre por un grupo armado en la colonia Centro de Tapachula. Testigos señalaron que los hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en la vivienda de las víctimas y las subieron a una camioneta blanca con vidrios polarizados, llevándolas con rumbo desconocido. Las autoridades locales no han logrado dar con su paradero.
El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche, cuando los secuestradores ingresaron a la vivienda ubicada en la Sexta Sur entre la Cuarta y Sexta Poniente. Los vecinos, quienes presenciaron los hechos, alertaron a la policía, pero al llegar, las autoridades solo resguardaron el área por un par de horas y se retiraron sin realizar mayores esfuerzos para localizar a los secuestradores ni a las víctimas.
A pesar de que la policía estatal y municipal acudió rápidamente al lugar, no se encontraron pistas sobre el paradero de los migrantes ni de los captores. La Fiscalía General del Estado (FGE) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. El secuestro de estos migrantes se enmarca en un contexto de creciente violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes que atraviesan la región.
Este hecho se suma a la denuncia reciente de otros migrantes que han sufrido secuestros similares y extorsiones por parte de grupos criminales operando en la frontera sur de México. Sin embargo, muchos de estos migrantes han denunciado que las autoridades no están tomando en cuenta sus denuncias de secuestro.
En los últimos días, migrantes provenientes de Nicaragua, El Salvador y Perú iniciaron huelgas de hambre en Arriaga, en protesta por la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Chiapas (FGE) de recibir sus denuncias por secuestro, a pesar de contar con pruebas como fotos y audios. Estos migrantes afirman que las autoridades modifican las denuncias de secuestro a extorsión, evadiendo su responsabilidad de investigar los casos de privación ilegal de la libertad.
Luis García Villagrán, activista en la defensa de los derechos de los migrantes, condenó la actitud de las autoridades, indicando que muchos migrantes han sido víctimas de grupos criminales que operan en la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala. “Si alguien te secuestra y te pide dinero para tu liberación, eso es un secuestro. Las autoridades deben tomar en cuenta estas denuncias y actuar en consecuencia”, subrayó García Villagrán.
Mientras tanto, la comunidad migrante continúa exigiendo justicia y un mayor compromiso por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y proteger sus derechos humanos, especialmente en una región donde la violencia contra los migrantes parece aumentar cada vez más.
