* A pesar de esto, el TEPJF facultó a la Cámara Alta para remitir directamente el listado al INE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la lista de candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) enviada por el Senado de la República. En sesión privada, los ministros no alcanzaron los ocho votos requeridos por la reforma judicial para avalar la propuesta, lo que deja en incertidumbre la designación de aspirantes para el proceso electoral del 1 de junio.
El listado de candidatos fue elaborado por el Senado a través de un sorteo, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, los perfiles no fueron evaluados previamente en cuanto a su idoneidad para ocupar los cargos. Durante la votación en la SCJN, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel respaldaron aprobar la lista sin revisión, mientras que otros ministros, como Juan Luis González Alcántara Carrancá, propusieron un análisis individual de cada aspirante.
Ante la falta de consenso, la Corte notificará al Senado que el Poder Judicial no contará con candidatos en la elección. No obstante, el TEPJF ya había anticipado este escenario y estableció que la Cámara Alta tiene la facultad de enviar directamente la lista al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el proceso, incluso sin la aprobación de la SCJN.
La reforma judicial en curso ha generado intensos debates sobre la independencia del Poder Judicial y los métodos de selección de sus integrantes. La exigencia de contar con ocho votos para avalar a los candidatos es un requisito clave dentro de la nueva normativa, pero la falta de acuerdo entre los ministros ha impedido que el procedimiento avance conforme a lo planeado.
Mientras tanto, sectores del Poder Judicial y la oposición han expresado su preocupación por la posible politización del proceso y la falta de transparencia en la selección de los aspirantes. Magistrados y jueces han advertido que la injerencia del Senado en este proceso podría comprometer la autonomía del sistema judicial y abrir la puerta a influencias externas en la designación de jueces.
