* El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha desestimado las objeciones de la SCJN, argumentando que la reforma avanzará según lo previsto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido mantener su paro de labores hasta el 12 de septiembre, en protesta por la reforma judicial pendiente de votación en el Senado. En una sesión privada, el Pleno de la Corte, por mayoría de ocho votos, acordó prolongar la suspensión, exceptuando las guardias para asuntos urgentes y manteniendo suspendidos los plazos legales. Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes apoyan la reforma, votaron en contra de esta medida.
El próximo jueves 12 de septiembre, el Pleno de la SCJN se reunirá nuevamente para evaluar si se continúa con el paro. Esta fecha coincide con la esperada votación de la reforma judicial en el Senado, por lo que el resultado podría influir en la decisión de la Corte sobre la prolongación de la suspensión. El Pleno deberá decidir si, a pesar de la suspensión de labores, se celebrarán sesiones a distancia para abordar asuntos urgentes.
En paralelo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la minuta de la reforma al Poder Judicial, que ahora será debatida por el pleno del Senado. La ministra Piña, quien se opone a la reforma, presentó una propuesta alternativa que busca un sistema integral de seguridad pública y justicia, sugiriendo, entre otras cosas, la creación de una Ley Nacional de Carrera Judicial y la eliminación de la elección popular de jueces.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha desestimado la propuesta de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, afirmando que la discusión sobre la reforma ha concluido y que ahora corresponde al Poder Legislativo decidir. Noroña criticó la actitud del Poder Judicial, que, según él, ignoró la iniciativa enviada por el presidente López Obrador en febrero. El legislador morenista aseguró que la reforma será discutida en el Senado a partir del 10 de septiembre, y subrayó que cuentan con la mayoría calificada necesaria para aprobarla.
Piña Hernández advirtió sobre el riesgo de una “demolición” del Poder Judicial con la reforma actual y llamó a los legisladores a considerar las necesidades reales del sistema de justicia. La propuesta alternativa presentada busca evitar la centralización del poder y mantener la independencia judicial, un aspecto que, según Piña, es crucial para asegurar una justicia imparcial y efectiva.
La situación se ha vuelto un tema de gran controversia, con manifestaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial que argumentan que la reforma busca concentrar el poder y debilitar los contrapesos necesarios para una justicia equitativa. Los críticos de la reforma sostienen que los cambios propuestos podrían socavar la independencia judicial y la capacidad del sistema para ofrecer justicia imparcial y libre de presiones políticas.
