* La decisión de frenar la participación privada en la hidroeléctrica en el estado desembocó en un litigio internacional que el Estado mexicano perdió, según el testimonio
Redacción / Alfaro Noticias
El Gobierno de México pagó 300 millones de dólares luego de perder un arbitraje internacional relacionado con la cancelación del proyecto Chicoasén II en la entidad. El episodio es relatado en el libro Ni venganza ni perdón, escrito en coautoría por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández, donde se detalla la secuencia de decisiones que llevaron al Estado a enfrentar una indemnización millonaria.
De acuerdo con la versión incluida en la obra, la ampliación de la central hidroeléctrica se encontraba detenida porque habitantes de la zona impedían el acceso de la empresa encargada de los trabajos. Ante ese escenario, Scherer, entonces consejero jurídico de la Presidencia, buscó mediar para destrabar el conflicto y permitir que la compañía retomara la construcción.
Sin embargo, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, rechazó cualquier acuerdo que implicara la continuidad de la empresa privada. Según el testimonio publicado, Bartlett sostuvo que las compañías particulares estaban respaldadas por intereses extranjeros y que la generación eléctrica debía considerarse un asunto de seguridad nacional.
El libro refiere que, al ser informado sobre la postura del funcionario, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador instruyó que el asunto quedara bajo la responsabilidad de la CFE. La controversia escaló posteriormente a un arbitraje internacional, cuyo fallo fue adverso para el Estado mexicano.
Como consecuencia, el Gobierno federal tuvo que cubrir una indemnización por 300 millones de dólares con recursos públicos. El monto corresponde a la compensación derivada del incumplimiento del proyecto, según la narrativa expuesta por Scherer.
El caso de Chicoasén II es presentado en la publicación como uno de los primeros episodios que marcaron la política energética del sexenio anterior, caracterizada por el freno a nuevas inversiones privadas en generación eléctrica. De acuerdo con el recuento de los autores, esa decisión tuvo efectos en la dinámica del sector, en un contexto en el que la demanda eléctrica nacional continúa en aumento.
