* Organismos internacionales y asociaciones afectadas advierten posibles impactos en el financiamiento y operación de actividades sociales y de análisis público
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, al determinar que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
De acuerdo con información oficial, la medida afecta a 113 organizaciones y se relaciona, en la mayoría de los casos, con el incumplimiento en la presentación de declaraciones informativas necesarias para mantener el estatus de donataria autorizada. Entre las asociaciones involucradas se encuentran organismos dedicados al análisis de políticas públicas, educación y derechos humanos.
Ante esta decisión, Amnistía Internacional señaló que la cancelación puede incidir en la capacidad operativa de estas organizaciones, al limitar su acceso a recursos provenientes de donativos. Indicó que estas asociaciones desarrollan funciones como acompañamiento a víctimas, documentación de abusos y promoción de derechos, por lo que una reducción en su financiamiento podría afectar el alcance de sus actividades.
Algunas de las organizaciones afectadas, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), informaron que han iniciado procesos para recuperar su autorización. Este organismo indicó que tramitó la acreditación correspondiente ante instancias federales, aunque la autoridad fiscal determinó que el documento presentado no cumplía con los criterios requeridos, por lo que el registro fue revocado.
El IMCO precisó que presentó nuevamente la documentación necesaria, la cual se encuentra en revisión, y sostuvo que continúa operando como asociación civil sin fines de lucro, cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Otras organizaciones, como Mexicanos Primero y México Evalúa, también señalaron que se encuentran en espera de obtener una nueva autorización para continuar recibiendo donativos.
Amnistía Internacional advirtió que este tipo de medidas se inscribe en una tendencia regional caracterizada por el incremento de regulaciones hacia organizaciones civiles, incluyendo mayores requisitos administrativos y controles sobre su financiamiento.
En este contexto, el organismo internacional hizo un llamado a establecer reglas claras que garanticen la transparencia en el uso de recursos sin afectar el funcionamiento de las organizaciones, al considerar que forman parte de los mecanismos de vigilancia y participación en la vida pública.
