* Tras resoluciones firmes de la Suprema Corte, el empresario dispone de cinco días hábiles para pagar o acordar la liquidación de adeudos fiscales acumulados desde 2008
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó de manera formal a Ricardo Salinas Pliego el inicio del plazo legal para cubrir un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos, correspondiente a créditos confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informaron autoridades federales.
De acuerdo con el SAT, a partir de la notificación realizada a mediados de enero de 2026 comenzó a correr un periodo de cinco días hábiles para que el empresario manifieste su intención de pago o solicite un acuerdo que permita ajustar el monto conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Las autoridades precisaron que los adeudos derivan principalmente del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a ejercicios fiscales de entre 2008 y 2013. Dichos créditos fueron impugnados durante más de una década mediante amparos y recursos legales, los cuales fueron agotados tras las resoluciones emitidas por tribunales federales y confirmadas por la SCJN a finales de 2025.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señaló que la institución está obligada a ejecutar el cobro de los créditos fiscales una vez que existen sentencias firmes, con el objetivo de garantizar un trato equitativo entre contribuyentes. Indicó que, en caso de que exista voluntad de pago, la ley permite reducciones de hasta 39 por ciento en recargos y multas, dependiendo del esquema de liquidación.
La deuda confirmada involucra a distintas empresas del conglomerado Grupo Salinas. Grupo Elektra concentra el monto más alto, con poco más de 33 mil millones de pesos, mientras que TV Azteca acumula adeudos superiores a los 10 mil millones de pesos. Totalplay registra resoluciones pendientes por alrededor de 645 millones de pesos. Adicionalmente, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha informado que existen otros juicios en curso que podrían elevar el monto total reclamado en caso de resoluciones adversas.
En caso de que no se concrete el pago ni se firme un convenio dentro del plazo legal, el SAT podrá iniciar un Procedimiento Administrativo de Ejecución, que contempla el embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles, acciones, marcas y otros activos, así como la intervención de ingresos de las empresas involucradas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proceso responde al cumplimiento de la ley y no a un conflicto de carácter político. Subrayó que las autoridades fiscales deben hacer efectivas las resoluciones judiciales una vez que se han agotado las instancias legales.
