RODULFO REYES
El Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) ha determinado que no cuadra la cuenta pública de 2018 del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, lo cual le da elementos al Congreso del estado para reprobarla y, así, se dé el primer paso para llevarlo a los tribunales.
Esto ocurrió a pesar de que el viernes 23 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo aquí en su rueda de prensa mañanera, realizada en la 30 Zona Militar, que no se presentarían demandas en contra de Núñez, pues su fuerte no era la venganza.
Una semana después, el viernes 30, el OSFE presentó ante los diputados las auditorías practicadas a una muestra de cuatro mil 500 millones de pesos de 23 dependencias durante la pasada administración.
El organismo detectó un hueco financiero de cinco mil 649 millones de peso por observaciones no solventadas en el último ejercicio fiscal de la gestión de Arturo Núñez y en las 17 alcaldías.
Además, el titular del OSFE, Alejandro Álvarez González, dio a conocer que las cuentas públicas de los tres poderes del estado y de órganos autónomos quedaron pendientes por solventar cuatro mil 520 millones 632 mil 535 pesos.
En particular la cuenta del poder Ejecutivo no cumplió con la ley, por lo que corresponde a los diputados aprobarla o reprobarla.
“La opinión del Órgano Superior no es la calificación, (pues) nosotros no calificamos, pero se determinó que no cumplió en términos generales, en base a la muestra que revisamos, pero es opinión técnica”, precisó.
Si el poder Legislativo decidiera desautorizar el ejercicio fiscal del último año de Núñez, esto no significa que en automático vaya a ser denunciado ante la Fiscalía General del estado.
Este procedimiento que se realiza en el Congreso local no absuelve ni pone en la dirección de una demanda, pues el ejercicio de la acción penal no es vinculatorio, sino que se da por separado del acto legislativo en materia de calificación de cuentas públicas.
Por eso es posible ver a muchos exservidores públicos “reprobados” como si nada hubieran hecho.
Más bien, la revisión de la cuenta pública es un acto de control político, más que financiero, y siempre conlleva sesgos partidistas. Por lo general mayorías legislativas se imponen a las autoridades surgidas de las minorías.
El acto del OSFE de decirle al Congreso local que la cuenta de Núñez no cumplió con la ley levantó expectativas en las redes sociales, ya que se consideró que se trata de la primera señal para llevar a la cárcel al exmandatario y a su esposa Martha Lilia López Aguilera, quien tuvo el estatus de funcionaria en el sexenio pasado, dado que su marido modificó la Constitución de Tabasco para que el cargo de presidenta del DIF no solo fuera honorífico.
En diciembre del año pasado que la fracción de Morena aprobó la cuenta de 2017 de Núñez, la ciudadanía acusó al partido del presidente López Obrador de ser cómplice del exgobernador, especie que escaló cuando el legislador Charly Valentino León Flores declaró que había sido AMLO quien dio la orden de actuar a favor del perredista que ahora radica en Madrid, España.
Ahora se especula que la bancada del partido en el poder no va salvar a Núñez, a pesar de la postura del primer mandatario de asegurar que no se va a proceder en su contra.
PARA SU INFORMACIÓN…
PERIODISTAS DE DIVERAS partes del país se reunieron el viernes último en la Ciudad de México para intercambiar puntos de vista sobre el ejercicio de la profesión. Entre los acuerdos sobresalió que se hará un documento dirigido al presidente de la república para demandarle que cese su agresión a los comunicadores.
