* La Secretaría de Hacienda destinará 263 mil 500 mdp para la petrolera, un incremento de 86% respecto a 2025
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el rescate financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo uno de los principales factores que presionan las finanzas públicas y afectan la consolidación fiscal del país, una situación que continuará en 2026.
El gobierno federal propuso una línea presupuestaria de 263,500 millones de pesos para Pemex en el próximo año, cifra que representa un aumento de 86% frente a lo aprobado para 2025. Los recursos serán canalizados a través de la Secretaría de Energía, que absorberá casi en su totalidad este gasto para cubrir obligaciones de deuda de la petrolera.
Según explicó la SHCP, 46% de los vencimientos de deuda de Pemex se concentran en la actual administración, y tan solo en 2026 la empresa deberá desembolsar alrededor de 250,000 millones de pesos. Este monto equivale a más de tres veces el costo total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La presidenta de México advirtió que la deuda heredada por gobiernos anteriores ha obligado al gobierno a destinar recursos extraordinarios, reduciendo la capacidad de consolidación fiscal. “Mientras aumentaba la deuda de Pemex, la producción de gasolina y diésel caía, lo que plantea la pregunta sobre el destino de ese financiamiento”, señaló.
Sheinbaum destacó que la línea presupuestaria continuará hasta 2026, con la expectativa de que Pemex pueda operar de manera autosuficiente a partir de 2027. La mandataria enfatizó que la estrategia incluye proyectos de inversión para aumentar la producción de combustibles y reducir la dependencia de gas natural importado, así como impulsar un mayor uso de fuentes renovables en el futuro.
El gobierno también señaló que parte del apoyo financiero se destinará a la construcción de una nueva coquizadora en la refinería de Salina Cruz y a la inversión en la planta de Deer Park, en Texas, con el fin de incrementar la producción de gasolina y diésel.
La presidenta subrayó que el objetivo es evitar que los recursos públicos se conviertan en un “barril sin fondo” y asegurar que los compromisos financieros de la petrolera no afecten otras áreas prioritarias del presupuesto federal.
