* El relevo en la Fiscalía de Coatzacoalcos ocurre mientras Rafael León continúa bajo prisión domiciliaria y denuncia afectaciones económicas y presuntas irregularidades en su detención
La fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos, Veracruz, Karla Díaz Hermosilla, dejó su cargo en medio de la controversia generada por el proceso penal contra el periodista Rafael León Segovia, quien inicialmente fue acusado de terrorismo y actualmente permanece bajo resguardo domiciliario por un año por otros delitos.
La Fiscalía General del Estado confirmó que Díaz Hermosilla fue sustituida por Braulio Salvador Conde Rivas, excoordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión en Coatzacoalcos. La exfuncionaria señaló que su salida obedeció a motivos personales y de salud, mientras que la dependencia informó que el cambio forma parte de un relevo institucional.
El caso que detonó la polémica se originó tras la detención de Rafael León el 24 de diciembre, cuando la Fiscalía estatal le imputó los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Días después, un juez descartó la acusación por terrorismo, al considerar que no existían elementos suficientes, aunque mantuvo las otras imputaciones y ordenó como medida cautelar el arraigo domiciliario.
La acusación inicial provocó reacciones a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente el uso del delito de terrorismo contra un periodista y subrayó que la libertad de expresión debe prevalecer. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó esa postura, mientras que la Fiscalía estatal precisó que el proceso continuaría únicamente por los delitos restantes.
Desde su domicilio, Rafael León ha denunciado afectaciones económicas y psicológicas derivadas de la medida cautelar. En entrevistas recientes, afirmó que enfrenta una situación financiera crítica y que sus recursos se han destinado al pago de abogados y peritajes. También informó que su defensa promueve un amparo para modificar las condiciones del resguardo y permitirle retomar su actividad profesional.
El periodista sostuvo que su detención está relacionada con investigaciones periodísticas previas sobre presuntas omisiones y abusos de autoridades locales, y llamó a que otros funcionarios involucrados en su caso sean removidos. La Fiscalía, por su parte, no ha emitido posicionamientos adicionales sobre estas acusaciones.
Mientras el proceso judicial sigue en curso, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que el caso podría sentar un precedente preocupante sobre el uso del sistema penal contra periodistas en Veracruz.
