Juan Carlos Cal y Mayor
Por fin la Presidenta, después de tantas vueltas y de dialogar con sus partidos aliados —el PT y el Verde— presentó la iniciativa ante el Congreso como si solo ellos tres importaran para aprobarla. Por fin se develó el secreto y se dejó de especular al respecto. La reforma ya no es rumor ni borrador filtrado: es un documento formal que pretende rediseñar las reglas del juego político nacional.
La discusión debe darse sin estridencias, pero sin ingenuidad. Hay puntos plausibles, otros debatibles y algunos francamente delicados. El rediseño institucional nunca es neutro: altera equilibrios, incentivos y dinámicas de poder.
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL: DE LA CUOTA AL VOTO
El ajuste en la integración de la Cámara de Diputados intenta corregir un vicio histórico: la asignación cupular de plurinominales. Vincular buena parte de esos espacios a los “mejores resultados no ganadores” reduce la discrecionalidad de las dirigencias. En principio, es un avance.
Sin embargo, la fórmula no está exenta de cuestionamientos. El modelo de “mejores perdedores” premia competitividad territorial, pero no necesariamente obliga a quienes obtendrán representación proporcional a someterse a una campaña directa como lista visible ante el electorado.
Quizá hubiera funcionado mejor un esquema de lista nacional votada explícitamente. Una lista que tuviera que presentarse ante la ciudadanía, que obligara a sus integrantes a hacer campaña, a defender propuestas y a exponerse al escrutinio público. No necesariamente competir por una adscripción distrital, pero sí asumir responsabilidad política frente al elector.
Eso fortalecería la legitimidad de la representación proporcional y rompería definitivamente con la percepción de que las pluris son un refugio cómodo.
NO REELECCIÓN: EL PESO DE LA HISTORIA
La prohibición de la reelección consecutiva a partir de 2030 conecta con nuestra tradición política.
En México, la no reelección es símbolo de límite al poder. Pero la política moderna exige algo más que símbolos.
En Europa, alcaldes y legisladores pueden permanecer varios periodos si funcionan bien. La continuidad no es necesariamente caciquismo; muchas veces es experiencia acumulada, conocimiento técnico y estabilidad administrativa. Cortar de tajo la posibilidad de reelección puede traducirse en administraciones sin curva de aprendizaje consolidada y en congresos con rotación constante. La buena intención puede tener un costo en profesionalización.
AUSTERIDAD Y ÁRBITRO ELECTORAL: EL PUNTO SENSIBLE
Donde el debate se vuelve verdaderamente serio es en la política de austeridad aplicada al Instituto Nacional Electoral. Un recorte del 25% al sistema electoral puede sonar atractivo en términos políticos, pero la democracia mexicana es compleja por diseño: padrón robusto, fiscalización detallada, organización territorial amplia.
El problema no es ahorrar; es debilitar capacidades. Un árbitro con menos recursos puede ver afectada su operación técnica, su capacidad de supervisión y, sobre todo, su autoridad moral ante la ciudadanía. La confianza no se decreta; se construye con instituciones fuertes.
ACUERDOS, RESPONSABILIDAD Y OPOSICIÓN
Aunque la mayoría oficialista busque sacar adelante la reforma con sus aliados naturales, lo deseable en un sistema democrático es que la oposición fije una postura clara y argumentada. No se trata de aprobar en bloque ni de rechazar por sistema. Se trata de deliberar con responsabilidad.
Si la reforma contiene aspectos que fortalecen la representación, la fiscalización o la transparencia, la oposición debería tener la madurez política para respaldarlos en lo particular, aunque no comparta el conjunto. La democracia no se construye desde la negación automática, sino desde la capacidad de distinguir lo conveniente para el país de lo que responde a intereses coyunturales.
Las reglas del juego no deben definirse como si solo importaran tres fuerzas. Cuando se trata del sistema electoral, lo importante no es quién tiene hoy la mayoría, sino qué institucionalidad quedará cuando esa mayoría cambie.
