Edgar Hernández Ramírez
Mañana, cuando la iniciativa de reforma político-electoral sea presentada en Palacio Nacional, no se estará discutiendo únicamente un pilar clave de la arquitectura institucional del país. Se estará poniendo a prueba la consistencia de la alianza que ha gobernado México en los últimos años. La propuesta, que en el discurso busca disminuir el costo de la democracia y empoderar a la ciudadanía, en los hechos coloca a los partidos aliados –PVEM y PT– frente a un espejo incómodo: mirar su propia supervivencia o aceptar una cirugía mayor que los dejará irreconocibles.
Los objetivos de la reforma son loables, pues pretende reducir el financiamiento público de partidos e instituciones electorales, disminuir los plurinominales, abrir el Congreso a los migrantes y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, como toda cirugía mayor, el bisturí no distingue entre tejido sano y enfermo. Y en este caso, los primeros órganos que sangran son los de aquellos partidos cuya estructura de poder vertical y dependencia del presupuesto público los ha mantenido con vida artificial durante décadas.
El PVEM y el PT enfrentan un escenario existencial. Su arquitectura interna –cacicazgos familiares en el primer caso, dirigencias vitalicias en el segundo– ha prosperado gracias a dos factores: el control discrecional de las listas plurinominales y un financiamiento público que les ha permitido sostener burocracias partidistas sin necesidad de un arraigo territorial genuino. La reforma ataca justamente esos pilares. Al modificar la fórmula de representación proporcional, se les arrebata la facultad de colocar en el Congreso a operadores leales, representantes de grupos fácticos o a familiares. Al reducir el financiamiento, se les recorta el oxígeno para mantener sus estructuras clientelares.
El dilema que enfrentarán esta semana no es menor. Por un lado, aprobar la reforma implica firmar una sentencia de muerte política a mediano plazo. Sin plurinominales que repartir, su capacidad de cooptación se desploma. Sin dinero público, su operatividad electoral –ya de por sí dependiente del marketing digital más que del trabajo territorial– se reduce a la mínima expresión. Por otro lado, rechazarla significa dinamitar la alianza con Morena, la misma que les ha permitido multiplicar su presencia en el Congreso y acceder a posiciones de poder que, por sí solos, jamás habrían alcanzado.
La pregunta que flota en el aire es si PVEM y PT están dispuestos a sacrificar su autonomía futura a cambio de mantener los beneficios presentes. O, en sentido inverso, si Morena ha calculado bien los costos de una ruptura. El partido guinda parece jugar con la certeza de que, a pesar de todo, los satélites no tendrán más remedio que tragarse su orgullo y votar a favor. ¿Qué van a hacer, aliarse con la oposición? ¿Con quién? ¿Con un PRI y un PAN disminuidos que representan justo lo opuesto a sus agendas? La ecuación parece inclinarse hacia la sumisión.
Pero en política, la lógica no siempre gobierna. Existe un factor emocional, de dignidades heridas, que puede desencadenar reacciones imprevistas. Si los dirigentes del Verde y del PT perciben que la reforma no es negociable –que no habrá concesiones, que se trata de una imposición–podrían optar por el suicidio político antes que por la humillación pública. Y ahí el costo para Morena sería altísimo: perder la mayoría calificada en el Congreso justo cuando aún están pendientes reformas constitucionales clave y, además, enfrentar en el 2027 las elecciones intermedias y un proceso de revocación de mandato con una alianza rota.
En medio de esta encrucijada, la estrategia de Morena podría orientarse hacia una negociación escalonada que permitan ciertos ajustes a la iniciativa para que los aliados puedan presentarlos como “victorias internas”, mientras se preserva el espíritu general de la reforma. A fin de cuentas, la dirigencia sabe que el costo de una ruptura es superior al de una concesión parcial.
No obstante, la apuesta más probable es que PVEM y PT terminen aceptando la reforma “a regañadientes” por una razón elemental: fuera de la alianza, su destino electoral es frágil; dentro de ella, aun debilitados, conservan presencia, cargos y capacidad de influencia. La pregunta no es si perderán poder, sino cuánto están dispuestos a dejar ir para no quedar fuera del tablero.
Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo el futuro de la reforma, sino la naturaleza de la alianza gobernante. ¿Prevalecerá la disciplina de los satélites, acostumbrados a orbitar donde haya gravedad que los sostenga? ¿O asistiremos al nacimiento de una nueva correlación de fuerzas, con partidos menores buscando oxígeno en la oposición o, peor aún, en la irrelevancia?
Las respuestas, más que técnicas, serán políticas. Y ahí es donde esta reforma, presentada como un ajuste institucional, podría terminar convirtiéndose en un sismo silencioso para el sistema de partidos en México.
