* La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial podría generar costos económicos significativos y conflictos legales.
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría poner en riesgo la estabilidad laboral de más de 127 mil empleados del Poder Judicial y comprometer la independencia de jueces y magistrados, según un análisis del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El plan incluye la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a funcionarios judiciales.
Este Tribunal estaría compuesto por cinco magistrados electos por voto popular, con facultades para investigar y sancionar conductas contrarias a la ley. Sin embargo, el CEC advierte que las resoluciones de este órgano serían inatacables, lo que podría transgredir el derecho a un juicio justo. Además, existe preocupación de que el sistema disciplinario se utilice como herramienta para presionar a los jueces a favor de intereses políticos.
El impacto económico de la reforma es significativo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de implementar la elección popular de jueces y magistrados podría superar los 22 mil millones de pesos. Asimismo, la propuesta no contempla los costos de indemnización para las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas que podrían perder su empleo, lo que podría llevar a numerosos litigios laborales.
Los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial también han expresado su preocupación. En una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, el sindicato del PJF pidió considerar la estabilidad laboral de más de 32 mil empleados. Temen despidos injustificados y la falta de indemnización adecuada en caso de perder sus puestos.
La reforma también propone la creación de un órgano de administración judicial que se encargará de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta reestructuración administrativa podría generar inestabilidad y afectar la eficiencia del sistema judicial durante el periodo de transición.
En resumen, la reforma judicial de López Obrador enfrenta críticas por sus potenciales impactos negativos en la independencia judicial, la estabilidad laboral y los costos económicos. Analistas de la SCJN y trabajadores del Poder Judicial han manifestado su preocupación, subrayando la necesidad de salvaguardas adecuadas para garantizar un sistema justo y eficiente.
