* Autoridades realizaron un operativo para verificar estatus migratorio en un establecimiento nocturno donde presuntamente trabajaban personas en situación irregular
Redacción / Alfaro Noticias
Personal del Instituto Nacional de Migración ejecutó un operativo en el bar “Las Plebes”, ubicado en la 9ª Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde varias personas migrantes fueron aseguradas tras no acreditar su estancia regular en el país. Elementos de la Policía Estatal Preventiva apoyaron la intervención.
De acuerdo con los primeros reportes, el operativo se centró en verificar la situación migratoria de quienes laboraban en el establecimiento, ante indicios de presuntas condiciones laborales irregulares o posibles situaciones de explotación. Durante la revisión, las autoridades entrevistaron a empleados, revisaron documentación y registraron a quienes permanecían en el lugar.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa señaló que entre las personas detenidas había mujeres venezolanas que se encontraban en trámite de solicitud de refugio. De acuerdo con la organización, estas mujeres no habían recibido la constancia de admisión por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Organizaciones civiles han documentado un cambio en los patrones de movilidad en la frontera sur. Datos del albergue Hospitalidad y Solidaridad indican que en 2024 cerca del sesenta y cinco por ciento de las personas migrantes que llegan a la región expresa su intención de permanecer en México, una tendencia que se ha incrementado frente al endurecimiento de controles, operativos y riesgos en el trayecto hacia Estados Unidos.
En Tapachula, durante 2024 se registraron alrededor de 150 mil detenciones migratorias, una de las más altas del país y solo por debajo de la zona centro de Tabasco, según datos del informe citado. Entre 2014 y 2024, más de 3 millones de personas fueron detenidas en México, y la mayoría de esos casos ocurrieron en Chiapas y Tabasco.
El albergue Hospitalidad y Solidaridad reportó haber atendido a 822 personas en 2024 y más de 5 mil 600 desde 2020, entre ellas solicitantes de refugio que buscan regularizar su situación para permanecer en la región. La organización señala que la saturación institucional, los retrasos en trámites y la falta de notificaciones oficiales han incrementado la vulnerabilidad de quienes esperan resolución de COMAR en el sur del país.
