* Se investiga omisiones en el registro de hidrocarburos por parte de funcionarios de Pemex en la Aduana de Tuxpan, detectadas en una auditoría interna.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció que su dependencia iniciará acciones contundentes contra funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) presuntamente involucrados en actos de huachicol fiscal, luego de que su secretaría asumiera formalmente las funciones del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la presentación oficial del nuevo organismo “Transparencia para el Pueblo”, Buenrostro subrayó que esta ofensiva responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir frontalmente la corrupción, y aseguró que el huachicol fiscal será tratado como un asunto prioritario por su alto impacto económico y en la seguridad nacional.
La funcionaria se refirió específicamente a los hallazgos de la auditoría AU-47/2025, en la que se detectaron irregularidades en el Despacho Aduanal de importación y exportación de hidrocarburos de Pemex. Según el informe, personal asignado a la Aduana de Tuxpan, Veracruz, habría omitido registrar información clave en el Aviso Electrónico del Mecanismo de Selección Automatizada entre 2023 y 2024.
Aunque la auditoría fue inicialmente realizada por Pemex, los resultados ya fueron turnados a la Unidad de Responsabilidades, instancia dependiente de la Secretaría de Anticorrupción, la cual será la encargada de determinar si existen elementos para iniciar procesos sancionatorios o penales. Buenrostro precisó que su equipo dará seguimiento puntual a cada denuncia relacionada con el tema.
Además, recordó que en los últimos meses se han realizado decomisos significativos de combustible irregular, incluyendo 10 mil litros asegurados en Tamaulipas y un rancho en Baja California donde se almacenaban ocho millones de litros.
En este nuevo escenario, Transparencia para el Pueblo se apoyará en el Sistema Nacional de Transparencia para continuar con las funciones que desempeñaba el INAI, haciendo obligatoria la rendición de cuentas para todas las dependencias del gobierno federal.