* La diputada Dionicia Vázquez alertó que se usó su nombre y documentación falsa para engañar a más de mil personas con apoyos inexistentes
Redacción / Alfaro Noticias
La diputada federal Dionicia Vázquez informó sobre la existencia de una red de fraude que operaba desde 2013 bajo la fachada de gestores de programas sociales, la cual habría afectado a más de mil personas en distintas entidades, entre ellas Chiapas.
En conferencia de prensa el día de hoy, la legisladora señaló a Francisco Cabrera Ocampo como presunto responsable de encabezar al grupo, que solicitaba dinero a ciudadanos, principalmente madres solteras y familias en situación vulnerable, con la promesa de otorgar viviendas y apoyos federales que nunca se concretaron.
De acuerdo con Vázquez, los involucrados utilizaron documentación apócrifa, logotipos oficiales e incluso papelería con su nombre y firma para dar apariencia de legitimidad. En algunos casos, las víctimas fueron citadas en oficinas de enlace legislativo, lo que aumentó la credibilidad del engaño.
La legisladora agregó que entre los señalados está una excolaboradora de su equipo, identificada como Margarita N., quien habría facilitado la operación del grupo junto con otros familiares. El modus operandi incluía reuniones, cobro de cuotas que iban de siete mil a sesenta mil pesos, y la integración de nuevos supuestos beneficiarios a cambio de pagos.
La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que recibió pruebas documentales y testimonios para abrir una investigación formal. Vázquez hizo un llamado a las autoridades para emitir órdenes de aprehensión y desmantelar la red.
El caso se da en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Chiapas recibe una inversión histórica de casi 46 mil millones de pesos en programas sociales, lo que convierte a la entidad en uno de los principales beneficiarios a nivel nacional. La diputada subrayó que este tipo de fraudes afectan la confianza ciudadana y buscan aprovecharse de la necesidad de quienes legítimamente esperan acceder a los apoyos.
“Ningún legislador está autorizado para condicionar beneficios ni solicitar dinero por trámites. Todos los programas federales son gratuitos”, reiteró, al tiempo que pidió a las víctimas presentar sus denuncias para fortalecer las investigaciones.
