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Rechazan zoques “proyectos de muerte”

Rechazan zoques “proyectos de muerte”
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  • Se inicia un proceso de resistencia ante la destrucción del territorio chiapaneco por medio de la extracción de hidrocarburos

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Pueblos indígenas se posicionan en contra del daño al ecosistema en el que más de 154 mil hectáreas del territorio norte-zoque de Chiapas  corren riesgo por los pozos de extracción de hidrocarburos, así como el daño que ocasionan las empresas mineras a raíz de los programas desarrollados por la reforma energética.

 

El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra denuncia que la reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales, constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas.

 

Ante la nula atención de las autoridades al caso, se manifestaron el pasado 22 de junio por medio de una marcha/peregrinación, que inició en el municipio de Chicoasén y continuó por el tramo carretero de la Pochota, para finalizar frente al Palacio Estatal de Gobierno y consagrarse una misa. Participaron más de dos mil personas y se sumaron se sumaron diversas organizaciones sociales y contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

 

Cabe destacar que no es la primera vez que alertan sobre los posibles riesgos de estas reformas, puesto que en abril también se pronunciaron en rechazo a través de una conferencia de prensa donde participaron integrantes de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas (Mopor), el Centro de Lengua y Cultura Zoque A. C. (Celali) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y explicaron el proceso de despojo de las tierras.

 

A pesar de las denuncias, en consecuencia a las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno equivalente a un total de 70 mil hectáreas, propiedad de Carlos Slim; la Minera Frisco en Solosuchiapa ya se encuentra en operación. Dichas operaciones ponen en peligro a más de 60 mil personas del pueblo zoque; sus viviendas y trabajos se verían comprometidos ante la destrucción de dichas áreas naturales.

 

Entre los proyectos que están próximos a realizarse se encuentra la ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; el proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago.

 

En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

 

La raíz del problema se remonta a la Licitación Pública Internacional promovida en agosto del 2016 por la Secretaría de Energía (SENER) conocida como la Ronda 2.2, en la que fue autorizada la construcción de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural.

 

La ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos serían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el rio Blanco en Ixtacomitán.

 

Mencionan que otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial por parte de las empresas extractivas, dejando tierras infértiles y sin condiciones para la vida silvestre. “Por eso, reiteramos que estos son: proyectos de muerte” aseguran.

 

“Nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas y que han sido explotados para el interés de unos cuantos”.

 

Las licitaciones debieron concluir el mes pasado, pero ante la lucha y oposiciones de la comunidad, el gobierno federal determinó ampliar el plazo hasta el mes de julio. Los ceros del movimiento aseguran que han procedido a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental.

 

Entre las demandas establecidas se encuentra el respeto al derecho de autoconsulta y la libre autodeterminación de los pueblos zoques de Chiapas dentro de su territorio, la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 por medio de la ronda 2.2, asimismo la anulación de  las concesiones mineras y la ampliación de presas y proyectos geotérmicos.

 

Exigen derrocar el permiso de los pozos de extracción de hidrocarburos principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria. Resaltan la demanda de un reconocimiento propio que los declare territorios libres de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales (hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas).

 

“Estamos aquí […] hemos caminado para que nuestra voz se levante y sea escuchada más allá de las fronteras de Chiapas, que sea la solidaridad de los pueblos la que nos permita defender la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras”.

 

Los afectados aseguran que seguirán en pie de lucha a través de movilizaciones, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y auto-consultas informativas de las consecuencias de estos proyectos, en los que se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son las áreas más las afectadas por los proyectos extractivos y también para defender su derecho a la libre autodeterminación.

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