- Denuncian amenazas, incursiones armadas y falta de consulta previa en la imposición de estos proyectos.
Redacción
Desde 2023, ejidos de municipios como Tapachula, Acacoyagua y Chicomuselo, en la región del Soconusco, se han declarado “libres de minería y megaproyectos”, mediante asambleas comunitarias que exigen la cancelación de concesiones otorgadas sin consulta previa ni consentimiento informado. La oposición se mantiene activa en 2025, con acciones organizadas por pueblos campesinos ante la superposición de proyectos extractivos sobre sus territorios.
De acuerdo con datos del Frente Popular en Defensa del Soconusco y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre 2023 y marzo de 2025 se cancelaron 66 concesiones mineras en la región. No obstante, aún permanecen vigentes 45 concesiones, que abarcan aproximadamente 50 mil hectáreas.
El 2 de abril de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una mina de barita en el municipio de Chicomuselo, al comprobar que operaba sin autorización en materia de impacto ambiental. Organizaciones locales señalaron que, aunque la clausura fue un avance, no logró frenar la operación de otros frentes mineros vinculados a redes criminales que mantienen control territorial.
Desde finales de 2023, pobladores de Chicomuselo han denunciado incursiones de hombres armados en ejidos, quienes imponen actividades mineras mediante amenazas, y exigen el cobro de “derecho de piso” a comerciantes y transportistas. Estos hechos han sido documentados por medios locales y organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En paralelo, diversas organizaciones han advertido sobre el aumento de agresiones contra defensores comunitarios y ambientales en zonas mineras del Soconusco. A lo largo de 2024 y en lo que va de 2025, se han registrado amenazas, hostigamientos y procesos de criminalización, particularmente en regiones cercanas a proyectos mineros y corredores agroindustriales de café y palma.
A pesar de los avances legales, defensores comunitarios señalan que persisten las causas estructurales del conflicto, como la colusión entre empresas extractivas, autoridades locales y grupos delictivos. Por ello, insisten en la urgencia de garantizar procesos de consulta previa efectivos, así como la seguridad territorial para preservar la vida de las comunidades y el patrimonio ambiental del estado.
Durante febrero de 2025, Chiapas se ubicó entre los cinco estados con mayor crecimiento en el sector minero a nivel nacional, al registrar un incremento anual de 20.6 por ciento, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta variación representó una contribución de 0.19 por ciento al crecimiento nacional del rubro, colocándose junto a entidades como Colima, Zacatecas, Ciudad de México y Jalisco.
