Héctor Estrada
Si bien la seguridad pública no anda bien en todos lados, lo que sucede en San Cristóbal de las Casas hoy tiene tintes mucho más alarmantes. La delincuencia organizada, la violencia y la inseguridad en la ciudad turística más importante de la entidad tiene años ganando terreno. No ha habido autoridad o color partidista gobernante que haya hecho algo efectivo para detener si avance, por el contrario, parecen haber cedido ante un secuestro que cada día duele más.
El asesinato de Paula este fin de semana, ejecutada de un balazo en el pecho frente a su hijo, cuando intentaba evitar que su motocicleta fuera robada, ha sacudido a todo el estado. Y no es para menos. Su muerte ha expuesto la vulnerabilidad de una ciudad donde las armas de fuego y los balazos son pan de todos los días.
A Paula la asesinaron cuando salía de su trabajo, en pleno centro de la ciudad. Cuando intentaba denunciar los hechos con la cámara fotográfica de su celular fue baleada a sangre fría. Al delincuente no le importó que ella no representara ninguna amenaza real, que estuviera acompañada de su hijo y, mucho menos, que estuviese siendo captado por la cámara en el momento de disparar. Sin el mayor remordimiento le disparó a quema ropa. Así quedo grabado en la última fotografía.
Sin embargo, Paula es solamente la víctima más reciente de la violencia que se ha apoderado de San Cristóbal de las Casas. En julio de 2018 el caso de Isaías Trujillo, un joven taxista asesinado de manera brutal por los denominados “Motonetos” en la Colonia Primero de Enero, acaparó las miradas de los medios nacionales por las circunstancias del asesinato.
Isaías fue asesinado a pedradas y palazos por integrantes del dicho grupo delincuencial y pobladores afines, luego de que el trabajador del volante fuera asaltado por los “Motonetos” e, igual que Paula, intentara recuperar su dinero. El taxista persiguió a los delincuentes hasta alcanzarlos, pero nunca imaginó que se encontraría con el resto de sus compañeros y cómplices que terminarían linchándolo en plena vía públicahasta dejar su cuerpo lapidado.
Otro de los casos que tuvo relevancia mediática fue el asalto ocurrido en enero de 2020 cuando turista extranjero fue despojado de sus pertenencias y baleado, durante el día, en pleno andador turístico y frente a numerosos testigos que observaron el atraco y la participación de delincuentes sobre motocicletas para luego darse a la fuga.
Apenas en agosto del año pasado el propio fiscal de Justicia Indígena en Chiapas, Gregorio Pérez, fue ejecutado a balazos en una de las calles de San Cristóbal de las Casas, a unas cuantas cuadras de su oficina y la unidad administrativa. Sólo unas semanas después, en septiembre, Marisol, una niña de tan sólo 7 años, fue asesinada por una bala perdida que atravesó el techo de su vivienda mientras dormía a unas cuantas calles del “desfile de balas”organizado por delincuentes sobre motocicletas.
Antes de Paula, el último asesinato similar había sido el del periodista Fredy López Arévalo, en noviembre de año pasado, acribillado en la puerta de su casa. Los movimientos sociales para exigir justicia aún están en proceso y un nuevo homicidio brutal se ha sumado a la lista de una ciudad que no deja de bañarse de sangre, secuestros a manos de organizaciones delincuenciales y una creciente venta de drogas.
Y es que, a San Cristóbal de las Casas la tiene secuestrada la omisión y la complicidad de autoridades que durante trienios permitieron y estimularon la formación de grupos criminales que hoy las tienen rebasadas y maniatadas. Los habitantes de San Cristóbal están pagando hoy las duras consecuencias de gobiernos que decidieron armar, empoderar y luego solapar a grupos criminales que primero sirvieron para fines políticos y que ahora, lamentablemente, están fuera de control… así las cosas.