Edgar Hernández Ramírez
La votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaumdejó algo más que una derrota legislativa parcial. También dejó al descubierto una contradicción profunda dentro de la coalición gobernante. Al votar en contra de la iniciativa que proponía eliminar las listas de diputados plurinominales y reducir en 25 por ciento el financiamiento público a los partidos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo decidieron colocarse del lado de los privilegios que durante décadas definieron la política mexicana.
No fue una votación cualquiera. La reforma tocaba dos de los pilares del viejo sistema partidista: la representación plurinominal y el financiamiento público que ha convertido a los partidos en estructuras burocráticas sostenidas por el erario. Al rechazar la propuesta, los aliados legislativos de Morena enviaron un mensaje político difícil de disimular;cuando se trata de preservar sus espacios de poder y sus recursos, la transformación puede esperar.
La paradoja es evidente. Tanto el Verde como el PT llegaron al poder cobijados por la narrativa de cambio impulsada por Morena y por el movimiento político que llevó a la Presidencia primero a Andrés Manuel López Obrador y después a Sheinbaum. Se beneficiaron electoralmente de esa ola política y de la legitimidad de un proyecto que prometía terminar con los excesos de la política tradicional. Sin embargo, cuando llegó el momento de respaldar una reforma que precisamente buscaba desmontar algunos de esos excesos, optaron por la ruta contraria.
El costo político de esa decisión puede ser alto. Ante la opinión pública, ambos partidos quedan exhibidos como defensores de un sistema que la propia ciudadanía ha cuestionado durante años: partidos ricos financiados con recursos públicos mientras amplios sectores de la población enfrentan precariedad económica. En un país donde la desconfianza hacia la clase política sigue siendo profunda, votar contra la reducción del financiamiento público y contra la eliminación de las listas plurinominales equivale a asumir el papel de guardianes de los privilegios.
La factura podría cobrarse en las urnas. En los comicios de 2027, los electores tendrán oportunidad de juzgar esta decisión. No sería extraño que muchos votantes que apoyan el proyecto político de la llamada transformación decidan castigar a quienes, desde dentro de la coalición, bloquearon una de las reformas más simbólicas en materia de democratización del sistema político. Para el PVEM y el PT, la consecuencia podría ir más allá de perder posiciones legislativas; el desgaste electoral podría poner incluso en riesgo su propio registro si la ciudadanía decide retirarles el respaldo que durante años obtuvieron gracias a su asociación con Morena.
Pero la repercusión no se limita al terreno electoral.
El rechazo a la reforma también erosiona la relación política con la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la campaña presidencial, los partidos aliados se comprometieron a respaldar las iniciativas estratégicas del Ejecutivo para profundizar la transformación institucional del país. Al votar en contra de una de las propuestas más importantes del nuevo gobierno, el Verde y el PT envían una señal de ambigüedad que inevitablemente será leída como falta de lealtad política.
La pregunta que emerge ahora dentro de Morena es inevitable: ¿tiene sentido mantener una alianza electoral con partidos que, llegado el momento decisivo, defienden los mecanismos que el propio movimiento busca transformar?
El dilema no es menor. Las coaliciones electorales se justifican cuando amplían mayorías y facilitan la gobernabilidad. Pero cuando los aliados se convierten en un obstáculo para impulsar cambios estructurales, la lógica de la alianza comienza a desmoronarse. En ese punto, el cálculo político se mezcla con una cuestión ética.
¿Es legítimo que un movimiento que ha construido su identidad en torno a la austeridad republicana y la lucha contra los privilegios comparta boleta con partidos que votan por preservar alto financiamiento público y espacios plurinominales? ¿Puede justificarse una alianza con organizaciones que parecen apostar por las decisiones cupulares, el dispendio de recursos y la reproducción de una clase política distante de la ciudadanía?
La respuesta no es sencilla, pero el debate ya está abierto.
Si Morena decide mantener la alianza, deberá explicar a sus bases por qué continúa caminando junto a partidos que se oponen a reformas clave del proyecto político que dice representar. Si decide romperla, abrirá un nuevo escenario electoral donde el partido gobernante competirá sin intermediarios por el respaldo ciudadano.
En cualquiera de los dos casos, el episodio deja una lección clara: las alianzas políticas no sólo se miden por los votos que suman en el Congreso, sino por la coherencia que logransostener frente a la sociedad.
Y en esta ocasión, la coherencia quedó en entredicho. Porque cuando llega la hora de decidir entre el cambio y los privilegios, la verdadera identidad política de cada partido termina por revelarse.
