* Acusan despojo, simulación de consulta y afectaciones ambientales en la construcción de la autopista Palenque–Ocosingo.
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones indígenas alzaron la voz contra la construcción de la autopista Palenque–Ocosingo, conocida oficialmente como “Ruta de las Culturas Mayas”. De acuerdo con el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), el proyecto fue impuesto sin el consentimiento real de las comunidades que habitan la región y representa una amenaza directa para su entorno natural, su autonomía y su modo de vida.
El movimiento, integrado por pueblos tseltales, choles, tsotsiles y mestizos, cuestionó el discurso oficial en torno a la obra, particularmente el promovido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien aseguró haber consultado a las y los propietarios de las tierras involucradas. Las comunidades sostienen que dicha consulta fue una simulación y que se obtuvieron avales parciales mediante presiones, amenazas y promesas de apoyos gubernamentales.
Entre las principales preocupaciones está la afectación directa a la selva chiapaneca. Según sus estimaciones, la primera etapa del proyecto implicaría la destrucción de al menos 387 hectáreas, además del riesgo de contaminación en ríos como el Jataté y el Tulijá. También advierten que la construcción pone en peligro cerros considerados sagrados, lo que, señalan, representa una violación al derecho internacional que protege su relación espiritual con la tierra.
Además del impacto ambiental, las comunidades alertaron sobre un proceso de despojo de tierras ejidales mediante maniobras administrativas y decisiones tomadas sin el consenso de los pobladores. En algunos casos, autoridades locales han negado el derecho de los ejidatarios a reclamar sus parcelas bajo el argumento de que se trata de terrenos de uso común, lo que ha provocado tensión interna y temor entre quienes intentan oponerse a la obra.
Otro eje de crítica es el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. Las organizaciones denuncian una creciente militarización que tiene como objetivo inhibir la movilización comunitaria. También acusaron al gobierno estatal de manipular la narrativa pública mediante campañas de desinformación que minimizan los daños del proyecto y ocultan los intereses económicos que lo impulsan.
Entre sus demandas se encuentra la cancelación del proyecto y de los permisos ambientales que lo respaldan, el retiro de fuerzas militares y policiales del territorio indígena, y una investigación internacional sobre la validez del proceso de consulta. Para las comunidades organizadas, la obra representa una amenaza al equilibrio ecológico y a la continuidad de su vida colectiva en la región.
