* Las iniciativas presentadas en el Congreso contemplan la creación de bases de datos con información sensible sin orden judicial ni mecanismos claros de supervisión.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), advirtió que las iniciativas para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crear un nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia podrían poner en riesgo derechos fundamentales, como la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. La organización señaló que las propuestas carecen de mecanismos claros de supervisión y podrían derivar en vigilancia masiva sin control judicial.
Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, explicó que las iniciativas contemplan la creación de bases de datos con información personal, fiscal, financiera, telefónica y biométrica de la ciudadanía, sin requerir orden judicial ni justificar su necesidad o proporcionalidad. Además, cuestionó que no se contemplen medidas adecuadas de seguridad ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La abogada recordó que propuestas similares han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, debido a que vulneraban el derecho a la protección de datos personales. Recalcó que la recopilación de información sensible sólo debe realizarse en casos excepcionales y bajo estricta supervisión judicial.
La BMA también alertó que el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia representa una amenaza para las libertades de expresión, asociación y privacidad, como lo ha advertido la propia Organización de las Naciones Unidas. Por ello, pidió fortalecer las capacidades del Poder Judicial para ejercer un control efectivo y establecer órganos independientes que supervisen el manejo de estas bases de datos.
La organización hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar las propuestas legislativas y asegurar que se apeguen tanto a la Constitución como a los estándares internacionales de derechos humanos. También solicitó abrir un diálogo amplio con especialistas en derechos humanos y tecnología para construir un marco legal que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades.
En paralelo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que las reformas podrían no ser aprobadas en el actual periodo ordinario, que concluye el 30 de abril. Indicó que se analiza la posibilidad de un periodo extraordinario, mientras continúan las negociaciones para modificar las iniciativas y evitar que violen derechos humanos.
