* Denuncian retén instalado por personal del Cesave para exigir 80 pesos por tonelada de fruta; temen pérdidas económicas y reducción en exportaciones.
Redacción / Alfaro Noticias
Productores de rambután de la región Soconusco denunciaron la instalación de retenes carreteros donde, aseguran, personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas (Cesave) cobra de forma indebida 80 pesos por tonelada para permitir el traslado de su producto.
Según explicaron Alfonso Pérez Romero, presidente de la Asociación Agrícola Local de Productores de Rambután del Soconusco, y Moisés Moisés Hernández, esta medida inició hace aproximadamente dos semanas en tramos de la carretera federal. Aseguran que el cobro se realiza bajo el pretexto de emitir certificados de origen, los cuales históricamente se tramitaban sin costo a través de las autoridades comunitarias.
Los afectados, provenientes de municipios como Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa y Tapachula, consideran que este cobro constituye un acto de corrupción y representa un golpe directo a su economía. Calculan que con una producción anual estimada en 40 mil toneladas, el monto recaudado de forma irregular podría superar los tres millones de pesos.
Además del impacto económico, señalaron que esta situación desincentiva la compra del fruto por parte de pequeños comercializadores y afecta su presencia en el mercado nacional. También advirtieron que, debido a las condiciones climáticas adversas, la caída en los precios y las restricciones arancelarias, sus exportaciones se han reducido drásticamente, por lo que dependen casi por completo del mercado interno
Pérez Romero acusó que el cobro fue acordado de forma opaca entre funcionarios del Cesave y un grupo que se hace llamar Unión de Productores de Rambután y Mangostán del Soconusco, al que señalan de no contar con representación legal ni respaldo de los agricultores.
Frente a esta situación, las directivas del Sistema Producto Rambután, Rambutanchis y Red Dinasty Group, así como numerosos productores independientes, hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que intervenga y detenga los cobros, los cuales consideran arbitrarios e injustificados.
“La producción ya enfrenta múltiples dificultades y ahora quieren cargarnos otro costo más que no tiene sustento legal. No estamos en condiciones de absorberlo”, afirmaron los productores, quienes insisten en que su única salida viable es mantener activa la venta nacional sin más obstáculos.
