Héctor Estrada
La deficiente calidad del servicio y los reiterados abusos cometidos por la empresa Proactiva han rebasado ya todos los límites admisibles. La nueva suspensión del servicio de recolección esta semana, como medida de extorsión al gobierno municipal, debería ser la gota que derrame el vaso para poner fin a la tormentosa relación entre la empresa y Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
El caso Proactiva es, sin duda, una de las herencias más escabrosas dejadas por los gobiernos del pasado. Llegó a Tuxtla con la promesa de modernizar por completo el sistema de aseo público, recolección y tratamiento de residuos urbanos en la capital chiapaneca, pero también como un jugoso negocio para los socios que de manera discrecional se encargaron de negociar y pactar el millonario contrato.
Con todo y la supuesta participación de Transparencia Mexicana, como organismo cómplice para solapar el acto protocolario, finalmente el 15 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la presidenta municipal interina Rosario Pariente Gavito, consumó el Contrato de Prestación de Servicios bajo condiciones de evidente desventaja para el municipio tuxtleco.
Desde ese momento los detalles del acuerdo fueron guardados en el más profundo de los hermetismos. Se trataba de un contrato a todas luces desproporcionado por un plazo de 20 años y un pago de 11 millones de pesos mensuales. Un compromiso contractual incluso más elevado que los realizados con ciudades (más pobladas) como Veracruz o Mérida donde el pago mensual no rebasó los cuatro y nueve millones de pesos mensuales, respectivamente.
Las denuncias y señalamientos contra Proactiva, responsable del manejo de los desechos urbanos en la capital chiapaneca, continúan sumándose a una larga lista de irregularidades que han acompañado a la empresa desde su proceso de licitación e inicio de operaciones, hace ya alrededor de once años. Esta semana han dado nuevamente la nota con la repentina suspensión del servicio, obligando a gobierno municipal a hacer uso del apoyo de particulares para realizar la recolección.
Lo cierto es que la empresa ya no cumple con los niveles de calidad garantizados en el contrato inicial. El deterioro de las unidades, las deficiencias en el manejo y depósito de residuos sólidos, así como la reiteradas suspensiones en el servicio se han convertido en problemas constantes. Los argumentos para terminar la relación contractual son claras y evidentes.
Apenas este martes se dio a conocer una sentencia de la Fiscalía Ambiental, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde se deja constancia de la contaminación generada por el relleno sanitario de la empresa. Las malas prácticas de Proactiva son agravios contra toda la ciudadanía tuxtleca que, además, cuestan caro a la ciudad. Es momento justo para que la ciudadanía exija una acción contundente al respeto.
Es tiempo idóneo para que el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor haga los procesos respectivos para rescindir el contrato debido a los incumplimientos incumplimientos de la empresa. Castellano Cal y Mayor está frente a la mejor oportunidad para terminar de una vez por todas con una historia de abusos y enriquecimiento tramposo a manos de Proactiva en la capital chiapaneca.
