Juan Carlos Cal y Mayor
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.-
Séneca
La frase se atribuye al centauro del Norte Francisco Villa quien tuvo fama de sanguinario y no precisamente gratuita. La presunción de inocencia pasaba a un segundo plano en tiempos de la revolución, los juicios eran sumarísimos y en nombre de ella se cometieron crímenes en todos los bandos.
La cámara de diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa. El pleno rechazó la propuesta de la oposición que consistía en obligar al Ministerio Público a pedir “prisión preventiva justificada”, en vez de prisión preventiva “automática”. Los delitos que contempla el dictamen aprobado son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delito en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, así como las cometidas por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
De nada sirvieron los foros a los que asistieron cientos de especialistas ni la opinión de la CNDH que consideró la medida como una regresión. El mayoriteo se impuso de forma indiscriminada sin escuchar las voces que señalaban que, más que prevenir la comisión de delitos, se incrementaría las arbitrariedades siendo que nuestro sistema judicial no es nada expedito y tampoco deja a salvo los derechos del acusado. Más si al lograr la absolución éste se convierte en victima de nuestro, a veces, fallido sistema de procuración y administración de justicia penal.
Aunque a simple vista, para el ciudadano común, aparente ser una acción necesaria para inhibir las conductas delictivas; sobre todo en aquellos delitos que agravian a la sociedad; en la práctica puede dar como resultado injustas purgas. Si consideramos las estadísticas delictivas veremos que volverá la sobrepoblación a las cárceles. Los llamados CERESOS (Centro de Readaptación Social) más que readaptar y reinsertar socialmente al individuo terminan por afectarlo irreparablemente en lo familiar, económico, psicológico y social. Los penales se convierten en universidades del crimen y en muchos casos son tan precarias las condiciones penitenciarias que ni siquiera se divide a los reos sujetos a proceso de los que purgan condenas; incluso conviven con individuos de alta peligrosidad, exponiéndolos a todo tipo de abusos.
Sistemas judiciales modernos en países más desarrollados establecen medidas cautelares que no necesariamente implican la prisión preventiva y menos de manera oficiosa. La prisión preventiva “justificada” que planteó la oposición y los especialistas debía considerar la flagrancia del delito, la peligrosidad del sujeto, el delito confeso, así como los elementos suficientemente justificados para considerar una alta probabilidad respecto de la culpabilidad del indiciado.
Así como funciona la procuración de justicia en nuestro país, donde la mayoría de los delitos derivan de la versión de testigos muchas veces falsos, se antoja difícil que no se cometan injusticias. Tendremos un estado que prejuzga y adelanta la pena corporal. Los juicios pueden durar años. Se debería sancionar entonces a quien acuse con falsas pruebas y testimonios o al juez de la causa por no considerar adecuadamente la tipología del delito. Los mexicanos queremos justicia no chivos expiatorios.
Mientras todo eso sucede, los ciudadanos contemplamos indefensos como cotidianamente, cual si tuvieran patente de corso, individuos atacan las vías generales de comunicación con bloqueos carreteros o las vías férreas, se incendian oficinas y vehículos del transporte público, incluso particulares. Se agrede a ciudadanos, se invaden propiedades privadas en nombre de la justicia social. También se pasean muy orondos, ostentando cargos de elección y puestos públicos, políticos que han saqueado las arcas públicas. Así es como coexisten dos realidades de manera paralela: el reino de la justicia, pero también el de la impunidad.
