* Migrantes denunciaron que al llegar a Oaxaca son trasladados a centros de regularización para evitar la acumulación en el estado, una estrategia cuyo objetivo, según García Villagrán, es “despresurizar” las ciudades chiapanecas.
Daniela Alfaro
La primera caravana migrante de 2025, con cerca de 2 mil 500 personas, partió de Tapachula, el 2 de enero, con el objetivo de llegar al paralelo 19 y eludir la militarización del Istmo implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Muchos migrantes intentan llegar a Estados Unidos antes del 20 de enero. Otros, sin embargo, han declarado en los últimos días que buscan quedarse temporalmente en México, esperando que pasen las amenazas de deportación.
Dicha caravana comenzó a disolverse luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) entregara permisos temporales de tránsito a mil 200 migrantes. Sin embargo, varios de ellos decidieron continuar su camino debido a la falta de recursos y la desconfianza en la validez de los documentos. Alrededor de 200 migrantes siguieron caminando, partiendo hacia Mapastepec, donde fueron alcanzados por agentes de migración que les ofrecieron transporte hacia el municipio.
Luis Rey García, director del Centro de Dignificación Humana de Chiapas, destacó que la migración no es una decisión voluntaria, sino forzada por condiciones como la violencia y la pobreza en los países de origen. Esta migración forzada está llevando a miles de personas a desplazarse por México, enfrentando condiciones precarias.
El gobierno mexicano ha implementado una estrategia que facilita la salida de caravanas desde Tapachula, sin embargo, han denunciado que al llegar a Oaxaca, estas se desmantelan y los migrantes son trasladados a centros de regularización migratoria en varias regiones del país. Esta estrategia, según el activista García Villagrán, tiene como objetivo “despresurizar” las ciudades chiapanecas, evitando que se acumulen grandes cantidades de migrantes en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde las condiciones de albergue y asistencia se encuentran al borde del colapso.
Mientras tanto, algunos activistas y defensores de los derechos humanos han denunciado abusos sistemáticos por parte de agentes del INM. Se les acusa de extorsionar a los migrantes, de exigirles pagos por permitirles continuar su viaje y, en algunos casos, de entregar a los migrantes a grupos criminales que controlan diversas regiones del país. Según García Villagrán, hay testimonios de migrantes que han sido víctimas de este tipo de prácticas.
Aunque la caravana se disolvió, se rumorea que una nueva podría salir de Tapachula el 20 de enero debido a la facilidad para obtener estos permisos.
