Héctor Estrada
El matrimonio forzado entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partico Verde Ecologista (PVEM) en Chiapas terminó por romperse de manera definitiva esta semana tras varios meses de sabotaje y desencuentros que han mantenido a los partidos involucrados en un litigio permanente ante los los tribunales electorales. Pero ¿cuál fue realmente la gota que derramó el vaso?
Para nadie es un secreto que desde la definición inicial de precandidaturas la intervención del gobierno verde para imponer a sus alfiles desató un guerra intestina entre los intereses locales y los de la cúpula priista nacional. El primer intento para sacar de la jugada a Roberto Albores Gleason estuvo a cargo de Eduardo Ramírez Aguilar y su “insurgencia verde”. El objetivo era claro: evitar que el priista fuera candidato al gobierno de Chiapas.
La sola participación Roberto Albores en la contienda significaba riesgos inminentes para toda la estructura verde incrustada en el gobierno de Chiapas. Gleason representa intereses totalmente distintos a los de Velasco y el trato que recibió durante los últimos años no había sido nada condescendiente. Fue a todas luces una guerra declarada varios meses antes de que si quiera iniciara el proceso electoral.
No obstante, la designación directa desde la cúpula priista se consumó en marzo pasado con el registro de candidatura a favor de Albores. En “Los Pinos” no sólo se había acordado que Gleason sería el abanderado de la coalición, sino también que iría acompañado de los dos partidos locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido. A cambio se entregaría al gobierno verde dos de las tres candidaturas al Senado y algunos espacios en la Cámara de Diputados y el Congreso local. Y así sucedió.
Pero el sabotaje y la avaricia tendrían más episodios de confrontación en puerta. Enoc Hernández nunca terminó de aceptar su candidatura a la diputación federal y se asumió en un actitud de distancia evidente con el candidato. Permaneció paciente a la espera del nuevo campo de oportunidad para encarecer la participación de su partido y al mismo tiempo sabotear la coalición desde desde el interior, como se le había encargado.
La impugnación hecha por Morena, el PRD y Acción Nacional contra la legalidad de la coalición priista ofrecía el momento idóneo para sacudir la candidatura de Gleason y replantear el reparto político. Con la sentencia del Tribunal Electoral la exigencias del gobierno verde se desproporcionaron. Pidió se le entregaran todas las candidaturas al Senado y más de la mitad de las diputaciones locales. La intención de dejar sometido a Roberto Albores era más que evidente.
No hubo margen de negociación. Era la mayoría del Congreso de Chiapas y los espacios en el Senado para el Verde o no habría acuerdo. La propuesta significaba dejar desarticulado a Albores Gleason en caso de ganar al gubernatura. Dejarlo huérfano y vulnerable ante los poderes legislativos, bajo control del actual régimen estatal. Aceptar conllevaría a un suicidio anticipado, francamente inviable para el proyecto de cualquier aspirante al gobierno de Chiapas.
Y esa fue la gota que derramó el vaso. La negativa del equipo alborista para aceptar las condiciones desató el episodio de las últimos días que acabó con el divorcio definitivo. Por eso el nuevo escenario electoral que ahora tiene al PRI y al Verde confrontados de manera directa, dejando finalmente de manifiesto el verdadero papel antagonista del Revolucionario Institucional y Albores Gleason en una elección que se complica con el paso de las semanas… así las cosas.
